n la conferencia mañanera de este miércoles, solamente se dieron a conocer cifras y otros datos, pero ya no se volvió a tratar el tema de la investigación del asesinato de la periodista veracruzana.
Hay que recordar, que después del crimen de Regina Martínez, la plana mayor de la revista Proceso, encabezada por el mismísimo Julio Scherer García vinieron a Xalapa y se entrevistaron en la Casa Veracruz con el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa para exigir el esclarecimiento del asesinato y el castigo no solo de los autores materiales, sino también de los intelectuales.
Incluso, se dijo que la Fiscalía General de la República habrá de colaborar para llegar al esclarecimiento, pero hoy a la distancia, sabemos que eso no se cumplió.
Por eso es que ahora, a los años, se esperaba que el mismísimo Fiscal General de la República estuviera “invitado” a la conferencia mañanera para, cuando menos, anunciar que se reabriría la carpeta de investigación. Pero eso tampoco ocurrió.
Lo único que sí ocurrió fue que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, presentó los datos de la situación que guardan los homicidios y agravios contra los periodistas y quienes ejercen el derecho de libertad de expresión en nuestro país.
Lamentablemente, los últimos 10 años, hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país.
Hay que señalar que en los tres últimos años han tenido un repunte significativo y reconocer que este año es, lamentablemente, el año donde se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19.
A partir del inicio de este gobierno se han registrado 38 homicidios: dos en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020.
La mayor parte de estos homicidios se localizan fundamentalmente en cinco entidades de la República: en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran más del 51 por ciento de los homicidios cometidos contra periodistas en esta década.
Esta violencia ha alcanzado también a los periodistas que están incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas en el país. Y desde la creación del mecanismo en el año 2017 a la fecha han sido asesinados seis periodistas incorporados al mecanismo, de los cuales solamente en tres casos ya hay presuntos responsables bajo proceso de carácter penal.
Sin embargo, el homicidio no es la única agresión o violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de la expresión. En lo que corresponde a los últimos cinco años, tenemos registradas mil 52 agresiones diversas contra periodistas, que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas.
Destacar de manera muy significativa que más del 40 por ciento de estas agresiones han sido identificadas como atribuibles a servidores públicos. El espacio donde se da fundamentalmente este tipo de violencias es, lamentablemente, en el ámbito municipal y con servidores públicos en este ámbito de gobierno.
De esta manera, en lo que va la actual administración, en estos 38 homicidios que se han cometido, los podemos ubicar el 42 por ciento en tres entidades, particularmente Sonora, Guerrero y Veracruz.
El perfil del agresor, hay que señalarlo, el 73 por ciento de los responsables identificados están vinculados con actividades delictivas, 26 por ciento a la delincuencia organizada y el 47 por ciento a la delincuencia común; y también, hay que subrayarlo, el nueve por ciento está vinculado con servidores públicos en todo el país. Ahí viene fundamentalmente la forma del homicidio, es a partir de atentados con arma de fuego.
Lo lamentable del asunto es que no avanzan los procesos judiciales y hay un porcentaje muy alto de impunidad, porque solamente el cinco por ciento de los 38 homicidios cometidos en esta administración tienen sentencia, aunque en este caso porque se ha hecho un trabajo de coordinación, seguimiento especial con las fiscalías, se han integrado carpetas de investigación o se encuentran bajo proceso, pero la mayor parte de los homicidios cometidos en los años anteriores, prácticamente están en la impunidad.
Por supuesto que tenemos que consolidar un sistema nacional de protección integral que garantice la consolidación de una política de Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que garantice fundamentalmente un derecho fundamental que es el derecho a la libre expresión.
Esto requiere fortalecer los mecanismos locales especializados para la atención de periodistas en cada estado y en los municipios, porque esto es una labor que tiene que hacerse extensiva a los municipios, estableciendo enlaces de atención y enlaces externos para poder tener una comunicación fluida, tanto con los periodistas, como con las personas defensoras de derechos humanos.
El reto fundamental es impulsar que las fiscalías estatales y la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la impunidad que prevalece lamentablemente en esta situación.
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