Fuera de toda duda, no es recomendable arrojar piedras al patio del vecino cuando el techo de nuestro hogar es de cristal. O en pocas palabras, hay que cuidar de no pisarse la cola. Lo cual viene a cuento ante uno más de los escándalos mediáticos, distractores a modo administrados paso a pasito por el gobierno estatal. Si, distractor a modo pues no se puede calificar de otra manera el que sin decir agua va, se exhiba lo mismo al Congreso que a la Universidad Veracruzana por destinar recursos públicos a publicidad y propaganda sirviéndose de medios de comunicación “fantasmas”.
Una raya más al tigre en el desempeño faccioso del gobierno de la alternancia, magnificada por medios y comunicadores que a diferencia de pasados y oscuros tiempos, no figuran de manera relevante en el listado de convenios de publicidad ahora del dominio público.
Si son empresas “fantasmas”, queda a la autoridad correspondiente y no a quien esto escribe, el dilucidarlo y actuar en consecuencia. Empero no puede dejarse de considerar que lo que hoy es motivo de escándalo es y ha sido a lo largo del tiempo pan de todos los días, en la relación entre gobierno y medios de comunicación; estableciéndose convenios de publicidad y propaganda sin mediar elementos técnicos de juicio que determinen la importancia de cada medio y la contraprestación correspondiente, valorando periodicidad, tiraje, circulación y grado de penetración e influencia en la población objetivo, trátese de prensa impresa o electrónica.
Convenios que independientemente de los signados por medios de comunicación con partidos políticos, sindicatos, ONGS o personeros de la vida política en lo individual como medio de manipulación social y política así como de proyección de imagen y presencia en la sociedad, se establecen discrecionalmente entre los tres órdenes de gobierno y empresas periodísticas.
Una mano lava a la otra, conformándose una relación gobierno-prensa que en la más absoluta opacidad ronda los terrenos de la corrupción, cuando está de por medio el pago con recursos públicos de presuntos servicios prestados cuya eficacia cuantitativa y cualitativamente deja mucho que desear así sean éstas respaldadas por destacados comunicadores, cuantimás tratándose de “empresas fantasmas”.
Compadrazgo, amiguismo y “moche”, van por delante.
En los señalamientos de corrupción y enriquecimiento inexplicable que se formulan en contra de Gina Domínguez y Alberto Silva, cuestionándose su desempeño como coordinadores de comunicación social de la administración duartista, hay mucho de eso. Corruptor y corrompido van de la mano en una telaraña de interés mutuo en la más completa opacidad.
Hoy por intereses políticos, se exhibe al Congreso y a la Universidad Veracruzana. Pero me pregunto cuál sería la reacción de medios y comunicadores, si en un afán de transparentar la relación gobierno-prensa se dieran a conocer los convenios vigentes durante las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, signados por los tres poderes del gobierno estatal o por los más destacados ayuntamientos de la entidad.
¿Se daría el mismo desgarre de vestiduras? O se guardaría silencio cómplice al grito de “no hagan olas”.
Como reza una bomba yucateca, “… dices que no comes tierra y esa barriga que tienes, es de la tierra que comes”.
Xalapa, Ver., 17 de julio de 2017
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