El propio Cuitláhuac García Jiménez fue quien señaló que “Corresponde a la Contraloría General del Estado advertir al Ayuntamiento de esa situación; jurídicamente tienen que determinarse los alcances de su inhabilitación, sobre todo si hay promoción de recursos por parte de la persona aludida”… y tiene mucha razón el Gobernador.
Sin embargo, lo que parece que no toman en cuenta es que la Contraloría no tiene por qué andar rastreando a funcionarios en los municipios. Si la inhabilitación la hace el Estado (a través de la Contraloría), la misma tiene aplicación a nivel Gobierno del Estado; para que aplique en los municipios la inhabilitación tiene que ser vía Congreso Local; y para las de índole federal sería la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación.
Aún así, alguien debería recordarle a la Contralora Mercedes Santoyo Domínguez que dentro de sus compromisos y obligaciones establecidas ante la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF) desde el año 2020, está la publicación de un listado de personas inhabilitadas o sancionadas… y dicho listado no está publicado todavía en el portal de la Contraloría, que es donde debe publicarse.
Lo único que existe en la página de la Contraloría es un Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados, mismo que no está habilitado y marca la página con error.
No fue sino hasta que su jefe, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le dijo que tenía que hacer su chamba, que Mercedes Santoyo se acuerda que no todo es andar buscando traidores en las redes sociales.
¿Qué puede decir la Contralora al respecto? ¿Puede negar que dentro de los compromisos de la CPCEF, desde el 2019 está precisamente la publicación de dicha lista y que aún no la publica?
Si hay contrataciones irregulares, ¿Tienen toda la culpa los que contratan o también tiene su parte de responsabilidad quien tenía que publicar el listado y no lo ha hecho? | 
