Hay que recordar que hace un par de semanas, la funcionaria del Poder Judicial hizo pública una denuncia en contra de la legisladora, a quien la señala de estar detrás de una campaña de desprestigio, la cual fue elevándose al grado de involucrar a la familia de Joana, y en particular a sus hijas.
Obviamente, la diputada salió a defenderse de las acusaciones y negó tal situación, y al contrario, dijo que ella es la víctima en este caso, pues es quien ha sido atacada por Joana.
Aparentemente el origen habría sido porque la diputada pidió a la funcionaria beneficiar a unas empresas con unos contratos, hecho que no ocurrió y generó el pleito entre ambas… cuando menos eso es lo que alegó la funcionaria.
Lo que sí es un hecho confirmado, es que las Magistradas Tania Celina Vásquez Muñoz, Claudia Díaz Tablada, y el Magistrado José Antonio Hernández Huesca, dictaron como medidas de protección que a partir del momento en que los señalados sean notificados de este acuerdo y hasta que se resuelva el juicio al rubro citado, deberán abstenerse de realizar cualquier conducta o manifestación que pudiera afectar el ejercicio del cargo de la Directora de Administración del Poder Poder Judicial, así como aquellos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además, refirieron que deberán abstenerse de realizar cualquier conducta o manifestación que le puedan generar una afectación física y psicológica, y de cualquier conducta que pueda menoscabar los derechos que se deriven de la calidad en que se ostenta la víctima.
De igual forma, de manera preventiva y para evitar la posible consumación de hechos y/o actos irreparables en perjuicio de la actora, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz, determinará las acciones que sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos para inhibir las conductas que lesionan sus derechos como funcionaria pública, que pudieran constituir actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y que pueden poner en riesgo su integridad psicológica y/o física. | 
