En decir, ahora la Contraloría no tendrá excusas para proteger a ningún funcionario cuyos patrimonios sean puestos en duda por los veracruzanos.
La orden de Cuitláhuac ha sido clara, precisa y por escrito: Se faculta a la Contraloría ‘No solo analizar la evolución del patrimonio público de los integrantes de su gabinete, sino también la verificación de la congruencia con sus ingresos legales’.
Lo anterior podría ser un bombazo no solo para los funcionarios actuales sino para los exgobernadores y excontralores que durante años se burlaron de los veracruzanos, pues las declaraciones patrimoniales solo eran útiles para el archivo.
Durante años, por disposición de los gobernadores, no hubo recursos ni voluntad política para diseñar un modelo para analizar la evolución de los patrimonios, ni se diseñaron los criterios de verificación y mucho menos hubo un registro de las sanciones administrativas aplicadas a los servidores públicos, tanto las aplicadas por la Contraloría como las de la Función Pública o cualquier otra autoridad por lo cual la famosa constancia de no inhabilitación siempre han sido una vacilada.
Así que de ahora en adelante, si hay sospechas de enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos, y la Contraloría no hace nada para cuando menos aclarar las fortunas, ya sabe usted a quién echarle la culpa de no actuar en consecuencia. | 
