Eso sí, curiosamente, en las promesas de campañas de los políticos de los partidos políticos de oposición no se escucha la promesa de “bajar” o “quitar” programas sociales, al contrario, se prometen más.
Lo interesante del caso es que podrían tener razón, sobre todo si se encuadra el gasto social en los presupuestos anteriores y los remanentes gubernamentales. Aun así, sigue habiendo dinero para los programas sociales asistencialistas, ya sea por el adelgazamiento de la nómina gubernamental, la reducción de privilegios, la eliminación de fideicomisos, pero, sobre todo, y esto es lo destacable: Por la recuperación fiscal.
Y es que, de acuerdo al SAT, en este año, uno de cada dos pesos obtenidos de impuestos, se han allegado vía litigios. Esto es, las grandes empresas privadas que se niegan a pagar lo que dicta la ley, el SAT les ha ganado la partida por la vía legal.
Por ejemplo, en este solo año, el SAT ha recuperado la nada despreciable suma de 147 mil millones de pesos por esa vía es decir de los grandes consorcios acostumbrados a evadir el pago de sus impuestos.
Esa sola cantidad recuperada corresponde al 62% del dinero público que se destina por ejemplo a las pensiones de adultos mayores.
Es por ello que los analistas estiman que en el 2023 se logre la meta Hacendaria establecida y que tampoco falte dinero… porque el SAT va con todo y a diferencia de antes, se están recaudando sumas multimillonarias vía impuestos.
¿Qué pasaría si en este país todos, absolutamente todos, pagaran sus impuestos como corresponde? Sin duda habría para todos los programas asistencialistas que se necesitan y para mucho más.
Quienes hoy señalan con el dedo de fuego un boquete en las finanzas públicas y que éste tarde o temprano llevará a la ruina al país derivado del aumento en los programas sociales, bien podrían tener su nacimiento en las entrañas de las grandes empresas que se siguen negando a cumplir con la ley. |