Resulta que hubo un momento clave en los días previos a la presentación en términos legales de la Cuenta Pública de los años 2017 y 2018 en que un grupito de diputados, integrantes de la Comisión de Vigilancia, intentaron hacer valer sus charolas ante la titular del ORFIS Delia Cobos González con el fin de lograr "flexibilidad" para algunos alcaldes y funcionarios estatales. Pero se toparon con pared.
La fiscalizadora estatal simplemente se negó a lo que tradicionalmente se acostumbraba y ahí empezó un jaloneo que terminó en los escritorios del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y en el del líder de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín, desde donde se acordó la salida del diputado Luis Arturo Santiago Martínez y la llegada del también diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña a la presidencia de la Comisión de Vigilancia, responsable en el Congreso de realizar el análisis de la fiscalización de los recursos públicos.
Delia Cobos siguió en su cargo y se acordó un espacio de revisión que permitiera corregir detalles solo de forma y se aplicara la ley en los de fondo ya detectados.
Así, Delia Cobos González recogió la renuncia que puso en la mesa y ha continuado con su encargo más fuerte que nunca y con la libertad de aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias.
Se sabe hasta aquí, que no son pocos los servidores públicos -entre los que se encuentran varios secretarios de despacho del poder ejecutivo, judicial y hasta alcaldes- que andan de cabeza y sin encontrar con quién resolver su dilema de lavar sus trapos sucios o vérselas con la ley e ir a pasar unas gratuitas vacaciones en Pacho Viejo. | 
