Algo pasa en la Fiscalía General del Estado y la Anticorrupción, en donde a pesar de que el ORFIS hizo su trabajo de fiscalización y denunció el presunto daño patrimonial -por más de 30 mil millones de pesos-, ni siquiera los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso están enterados del curso de las investigaciones judiciales.
El tema está caliente pues cada día que pasa la imagen de las dos fiscalías autónomas se deteriora más, pues lo menos que se puede pensar es que se protege a presuntos delincuentes, pues el daño patrimonial por más de 30 mil millones de pesos detectado en las Cuentas Públicas del 2017 al 2020, no es cualquier baba de perico.
Lo anterior se desprende de las fuertes declaraciones públicas del diputado local por el Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila, quien dijo que son más de 160 ayuntamientos veracruzanos, dependencias estatales y organismos descentralizados, los que enfrentan estás denuncias por el presunto daño patrimonial.
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