Porque desde el año del 2007 y 2022, se sabe que el Órgano de Fiscalización ha detectado y turnado a esas dependencias (legislativa y de justicia) más de 360 denuncias en contra de servidores públicos del Estado por presunto daño patrimonial al erario estatal… de las que nada se sabe, que no caminan hacia ningún lado y por lo tanto se podrían dar varias hipótesis, desde la más simples que pudieran ser desde mala integración de las denuncias, complicidad con presuntos violadores de la Ley, hasta la confabulación entre autoridades y delincuentes para ir creando un ambiente de impunidad.
Es que según se informó en su momento, esas más de 360 denuncias implican la desaparición o falta de comprobación de la nada despreciable suma de 35 mil millones 728 mil 734 pesos.
Detrás de esa cifra existen funcionarios honestos que deberían explicar qué hicieron con esos fondos públicos y al menos por el tiempo en que se interpusieron, deberían estar en la cárcel.
En varias ocasiones en que se le ha cuestionado a la titular del ORFIS sobre el tema, siempre ha salido con lo mismo, que ellos ya interpusieron las denuncias y aportaron las pruebas contundentes del daño patrimonial que se ha cometido, señalando a los presuntos responsables, pero no se actúa, no se atienden.
Es claro que la gobernadora electa Rocío Nahle debería poner manos a esta obra incluso antes de tomar posesión para iniciar su gobierno sin complicidades.
¿Quién le pone el cascabel al gato? | 
