Así, se disminuye sustancialmente el plazo entre la elección de quien conduzca el gobierno y el día en que tome protesta.
En la actualidad, entre el día de la elección y la toma de protesta, hay casi seis meses, un plazo a todas luces demasiado amplio que no abona a la transición adecuada de los poderes.
Esta renovación del marco jurídico local fue propuesta por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 21, 25, 26, 44 y 49 la Constitución Política del Estado, con el objetivo de contribuir a agilizar los relevos gubernamentales en la entidad.
A partir de esta reforma, la persona que ocupe la gubernatura a partir del 1 de diciembre próximo desempeñará el cargo hasta el 30 de noviembre de 2030; quien sea elegida gobernadora o elegido gobernador en 2030 asumirá el cargo el 1 de diciembre de ese año y concluirá su período el 29 de septiembre de 2036, para que quien le suceda inicie su período constitucional de seis años el 30 de septiembre de esa misma anualidad.
En cuanto al Congreso del Estado, las diputadas y los diputados locales electos en los comicios de 2027 iniciarán sus funciones el 5 de noviembre de ese mismo año y concluirán el 31 de agosto de 2030, de modo que la legislatura posterior será instalada el 1 de septiembre de ese año. | 
