Desde la fundación de la UPAV en 2011 se veían las enormes carencias que le costarían muchísimo para consolidarse como una opción, ya no digamos preferencial, cuando menos viable. En la actualidad, con casi 60 mil estudiantes en matrícula formal, alrededor de 8 mil en no formal, 687 sedes y presencia en 167 municipios, por los puros números se podría pensar que es una superinstitución de nivel superior.
Sin embargo, la informalidad, la falta de planteles, una plantilla docente flotante y desarticulada, la falta de compromiso estudiantil y las complejidades administrativas para la titulación, mantienen a la UPAV en un sitio marginal de las opciones educativas en Veracruz. Casos de éxito al interior seguramente hay, pero son las excepciones que rompen la regla.
A los gobiernos les da miedo arrancar de raíz la mala hierba y, en lugar de replantearse una transformación integral, prefirieron adoptarla tras los escándalos de corrupción poco aclarados en 2025.
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La diputada Montserrat Ortega fijó su postura en el Congreso Local con respecto al decreto que la modifica: “Fortalecer la educación pública es obligación, pero no a costa de la gratuidad, la legalidad ni los derechos laborales. Este decreto no combate la corrupción, permite que continúen las cuotas y deja en incertidumbre a más de 4 mil maestros”.
Por ello votó en contra, junto a otros diputados que no ven en esta modificación la solución.
Que la institución quede como un Organismo Público Descentralizado incrustado en la SEV dista mucho de ser la salida. La propia SEV ha manejado por años instituciones como el Consorcio Clavijero sin relevancia alguna; si no ha podido con un organismo de menor envergadura, ¿qué resultados puede lograr con la UPAV?
Del 2011 a la fecha han pasado seis rectores, y lo que comenzó como un Frankenstein, continúa hoy hecho pedazos. |