Sin embargo, el hecho de que el abogado defensor y representante del exgobernador panista haya quedado a cargo de Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, confirma que el proceso tendrá también un inevitable toque e impacto político.
Porque una acusación puede abrir un expediente; pero sólo un tribunal puede acreditar responsabilidades.
Y debe quedar claro, en un Estado de Derecho como el que ya se presume en México, ni la trayectoria política condena por sí misma; ni el cargo público debe blindar frente a la justicia.
| 
