La ley aprobada la madrugada de este miércoles establece que la publicidad de las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses sólo tendrá la restricción de la protección de los datos personales, que están protegidos por la Constitución.
En tanto, la declaración fiscal sólo será obligatoria para los burócratas que ya son obligados por el SAT a presentarla, porque son quienes más dinero ganan; pero no será pública, porque la constitución y la ley establecen el secreto fiscal para todos los mexicanos; sin embargo, estarán disponibles a las autoridades cuando se detecten visos de enriquecimiento inexplicable de algún servidor público.
El texto original de la Iniciativa 3de3, que se puede consultar en la página web de la Comisión Anticorrupción del Senado, plantea que “las autoridades encargadas de aplicar e interpretar el presente ordenamiento, en los términos del artículo 6, llevarán un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados”; es decir, de origen sólo pide la publicidad de bienes patrimoniales y de intereses.
Luz María Beristáin, Alejandra Roldán y Benjamín Robles, del PRD, tampoco votaron. El PRD dijo que Robles estaba enfermo.
Pero los panistas y los perredistas quisieron llevar a ley el formato con la información que debe hacerse pública en esas declaraciones, e incluso anunciaron la formación de un bloque que iba a ganar las votaciones al PRI-Verde.
La realidad fue distinta. La bancada del Partido del Trabajo, integrada por Manuel Bartlett, Layda Sansores, Martha Palafox, Marco Antonio Blásquez, Héctor Menchaca y Manuel Merino decidió no votar y ayer en conferencia de prensa aclararon que no lo hicieron porque consideran que la ley es una simulación, que actuaron por congruencia y rechazaron ser comparsa del PRI; “nuestros votos no hacían la diferencia”.
Cortesía de Excelsior | 
