El grupo Legislativo del PRI y partidos aliados optaron por arropar al fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, para que no acuda a comparecer esta semana ante el Congreso del Estado, pese a que el mismo funcionario así lo solicitó en la última sesión de la Diputación Permanente.
Lo anterior lo acusó el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, al confirmar que la Junta de Coordinación Política no definió una fecha para que el fiscal acuda ante la Legislatura.
Consideró que lo anterior es como consecuencia al escándalo internacional en que se encuentra a la fecha Bravo Contreras, derivado de situaciones de violencia como los asesinatos de dos religiosos en Poza Rica, las fosas clandestinas del puerto de Veracruz en Colinas de Santa Fe y las irregularidades administrativas en el panteón de Palo Verde en Xalapa.
Al respecto, el legislador señaló que pese a la oposición del PRI y partidos afines para que comparezca Bravo Contreras en esta semana, por su parte buscarán que el fiscal sí se presente ante el Palacio Legislativo, pero que comparezca ante todos los diputados y no solo ante los integrantes de la comisión de Procuración de Justicia.
Lamentó que el oficio que envió Bravo Contreras solo pide comparecer “ante la comisión respectiva”, de ahí que se corre el riesgo de que los demás legisladores no tengan injerencia en la discusión.
De esta manera adelantó que por parte de los partidos de oposición buscarán que el titular de la FGE además de hablar sobre su trabajo en casos como el de las fosas clandestinas, también retome otros que han impactado en la sociedad veracruzana.
“Nosotros pensamos que además del tema de las fosas hay otros de igual importancia como el de los levantones a jóvenes, desaparecidos, la situación de los sacerdotes y cosas en las que creemos que no ha habido una correcta investigación”, agregó.
Igualmente, Guzmán Avilés refirió que en la reunión de este miércoles de la Junta de Coordinación Política tampoco se llegó a un acuerdo sobre la sanción que ordenó el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, por influir en las pasadas elecciones.
“Todavía no se determina, nosotros queremos que se analice esto y que no solo sea una multa económica al mandatario, lamentablemente el Congreso no tiene la facultad de sancionar de otra forma a un gobernador pese a que es la segunda vez que se nos ordena hacerlo. Nos echó la pelotita el Tribunal y ahora esta situación se debe de ver en lo que podemos hacer de acuerdo a la ley”, detalló el coordinador.
Finalmente, dijo que es posible que mañana se vote el dictamen para la extinción del SAS, el cual fue incluido dentro de la orden del día de la sesión que se realizará este jueves 22 de septiembre.
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