El gobierno estatal debe explicar el uso de 5 mil millones de pesos enviados por la federación para capacitar al Poder Judicial y destinarlos a ese fin, además de dinero para la Defensoría de Oficio, afirmó Francisco Ramírez Llaca, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz.
CAPACITACIÓN NO PRIORITARIA
Mencionó que el lunes de esta semana se publicó un decreto del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado que cancela la partida la partida federal que debió destinar a capacitación del Poder Judicial.
Dijo que evidenció que no considera prioritario capacitar a los integrantes de ese Poder en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y recordó que ese recurso se canalizó desde el año 2012.
“Es una acción inconstitucional que debe investigarse. Va contra la Constitución del gobierno del estado el que los recursos etiquetados para capacitación no se empleen y se distraigan en otras cuestiones.
“Es una cantidad millonaria, se habla aproximadamente de 5 mil millones de pesos. No existe capacitación. Ya lo declaró el gobernador interino por decreto publicado en la Gaceta Oficial, argumentando que hay cosas prioritarias”, señaló Ramírez Llaca.
Remarcó que el recurso enviado por el gobierno federal estaba etiquetado para ese fin y no podía tener otro uso.
DANZA DE OTROS 5 MMDP
El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz añadió que existe otro problema con el Fondo Auxiliar que maneja la Judicatura del Estado, órgano administrativo del Poder Judicial.
Dijo que de ahí y otras partes deben salir algunos premios y recompensas para empleados de ese Poder, pero no se ha canalizado para esos fines.
Más grave aún consideró la retención de un recurso millonario para apoyar jurídicamente a quienes no pueden pagar un abogado que los defienda ante un problema judicial.
“Hay una partida federal de 5 mil millones de pesos destinada a mejoría del Sistema de Defensoría Pública Estatal. Vean la forma inhumana en que están trabajando, sin recursos, y la partida de 5 mil millones de pesos fue desviada.
“Violando la disposición del Artículo 16 Constitucional considera no prioritaria la capacitación y violando lo que establece el 17 Constitucional se considera que no hacen falta defensores públicos para los justiciables que no tengan acceso a un abogado personal”, señaló Ramírez Llaca.
Con ello se negó la capacitación desde secretarios escribientes y magistrados, cientos de personas que trabajan arduamente y no reciben su salario, prestaciones ni son capacitados para ejercer sus funciones, dijo.
El abogado dijo que la noche del lunes se reunieron abogados veracruzanos y determinaron que cada uno como organización y en lo personal hará una petición formal a través de los portales de Transparencia.
“Que se nos informe oficialmente el destino de esos recursos y una vez con esa información tomaremos las decisiones que como ciudadanos socialmente responsables nos corresponde tomar como organismo creado para salvaguardar el interés jurídico y la armonía jurídica de nuestro estado.
“Un estado de derecho no puede existir si no se aplica la ley. El dinero se depositó a la Sefiplan para ejercerse, desde el año 2012”, puntualizó Ramírez.
|
