Explicó que luego de que se admitió ese recurso en el Tribunal Colegiado Penal, que es un tribunal federal de Coatzacoalcos, este por exceso de trabajo lo remitió a un tribunal colegiado federal radicado en Cholula, Puebla.
En 2016 dicha instancia resolvió revocar el amparo concedido, pero ordenaron que se repusiera el procedimiento en el Juzgado Décimo de Distrito, ya que no se había notificado a la esposa del finado de este proceso.
Hay que señalar que Tronco Gómez fue desaforado desde el 15 de noviembre de 2015 por la LXIII Legislatura, de la que era integrante, luego que la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, solicitó el 6 de octubre de ese año el juicio de procedencia.
Esto supuestamente al haber elementos que lo ligaban como autor intelectual del asesinato del ex regidor, Alfredo Pérez Juárez, cuando Tronco Gómez era alcalde de Las Choapas.
La petición de desafuero fue producto del recurso de inconformidad promovido ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia por la viuda Orfelina Galindo Jaime, con la que los magistrados ordenaron por unanimidad revocar el sobreseimiento que se había dictado inicialmente en la causa penal al investigarse el caso.
“La culpa de Renato para que pasara esto fue haberse salido del PRI y pretender ser candidato independiente a la gubernatura el año pasado”, consideró Betancourt Bretón en entrevista.
El abogado acusó al anterior titular de la FGE de contactar a Galindo Jaime para ayudarla a interponer una inconformidad que, según su opinión, se resolvió al vapor en la Sala Constitucional, con la que se pudo inculpar a su cliente.
“Ahora hicieron la revisión que no prosperó; el recurso de la Fiscalía y de la ‘mafia’ no prosperó, pero los magistrados poblanos decidieron que tenía que darse la intervención también a la viuda, entonces se mandó nuevamente el expediente al Juzgado Décimo de Distrito.
“Emplazaron a la viuda que vive en el norte del estado, se turnó a la audiencia y el jueves 26 de la semana pasada se volvió a dictar la misma sentencia, como era obvio, amparando a Renato en contra de la orden de aprehensión”.
El abogado sostuvo que la viuda o la FGE tienen 10 días hábiles a partir de que les notifique para impugnar el proceso.
Refirió que la FGE, ahora a cargo de Jorge Winckler Ortiz, por una obligación institucional podría solicitar que se vayan a la revisión de la sentencia que otorga el amparo.
(Agencia Imagen del Golfo) | 
