Al recordar que, a diferencia de muchos municipios que accedieron al 25 por ciento del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), como un adelanto, Xalapa no recurrió a este mecanismo en 2014, sino hasta 2016, y los fondos adelantados que llegaron sirvieron para cubrir lo necesario ante la falta de ministración del gobierno estatal.
Frente a esta situación –prosiguió-, el Congreso, dentro de sus atribuciones y su marco de acción, habilitó la utilización de los recursos 2017 para cubrir adeudos pendientes y compromisos que datan de 2016. “Habría que revisar si esto se puede hacer también con los fondos federales”.
En este sentido, señaló que el Congreso del Estado es el responsable de llevar a cabo la correcta fiscalización y la auditoría de los ejercicios auditables de los entes públicos, como son los municipios y todos los órganos del Gobierno del Estado.
Finalmente, comentó que, si bien el Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz (Orfis) es autónomo, el Congreso del Estado es soberano y puede emitir este tipo de recomendaciones. “Es una determinación valiosa y adecuada ante la necesidad de los municipios tanto de cerrar obras como de pagar proveedores y servicios de 2016, como un acto de responsabilidad”, concluyó. | 
