Cifras del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dejan ver que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla son los estados con mayor porcentaje de población en pobreza, con 77.08%, 70.40%, 64.41%, 62.16% y 59.44%, respectivamente.
Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), estas mismas entidades registran una proporción de población pobre y vulnerable por encima de 65% y un grado de marginación entre alto y muy alto. Asimismo, tienen entre 65.83% (Puebla) y 86.43% (Oaxaca) de beneficiarios de programas sociales respecto de la población total estatal, de acuerdo con información del Padrón Único de Beneficiarios (PUB).
En cambio, Nuevo León, Baja California Sur, Baja California y Coahuila son los estados con menor porcentaje de población en pobreza, con 14.25%, 22.13%, 22.23% y 24.82%, respectivamente.
Además, pese a que estos estados registran un porcentaje de población pobre y vulnerable de entre 54.15% (BCS) y 74.93% (Coahuila), el grado de marginación de sus habitantes está entre bajo y muy bajo, y la proporción de pobladores beneficiarios de programas sociales está entre 27.79% (Nuevo León) y 37.11% (Baja California).
INFLUYEN EN EL VOTO
De acuerdo con especialistas, factores como pobreza, marginación, bajos ingresos o nivel de educación influyen directamente en la venta del voto por parte de los ciudadanos.
Otra forma de cooptación es el condicionamiento de la entrega de programas sociales a cambio del sufragio en favor de determinado partido, por lo que la incidencia de dicho delito electoral es más factible entre mayor sea el número de beneficiarios en cada estado, ya sea de programas federales o estatales.
De acuerdo con Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el condicionamiento de programas y la compra del voto están estrechamente vinculados con la pobreza y la marginación.
"A mayor marginalidad, más riesgo hay de la compra de voto o del condicionamiento de los programas sociales para influir en el resultado de una elección”, aseguró Nieto Castillo en entrevista; explicó que ésta es una de las prácticas clientelares más recurrentes, sobre todo en elecciones muy competidas.
El exfiscal electoral indicó que durante los procesos electorales de 2015, 2016 y 2017, las entidades en las que hubo mayor incidencia de dicho delito fueron Oaxaca, Chiapas y Puebla, “estados con un amplio nivel de marginalidad”, expresó.
Por separado, Javier Aparicio, académico y analista electoral, consideró en entrevista que existen dos tipos de personas que están dispuestas a vender su voto: las más pobres y, por otro lado, quienes están indiferentes ante quien gane la elección.
"Muchas veces esos lugares con gente más pobre no son lugares con gran volatilidad electoral, sino donde casi siempre gana el mismo partido, pero se acostumbran a que se les pague para que vayan a votar; y otros son lugares donde la elección es reñida y entonces los partidos ‘avientan’ dinero para tratar de sacar la ventaja que les falta”, destacó Aparicio.
Explicó que dentro del primer tipo de personas con disposición a vender su voto se encuentran aquellas con alguna vulnerabilidad. “Lo vemos ahorita de manera muy obvia, acaba de haber sismos, que producen damnificados. A lo mejor en esa comunidad damnificada normalmente no habría compra-venta del voto, pero como va a empezar a recibir apoyo, éste puede venir condicionado”, alertó.
En tanto, en el libro La geografía del poder y las elecciones en México (IFE, 2000), la investigadora Silvia Gómez Tagle escribió que en México es significativa la presión económica o institucional que se ejerce sobre los electores de bajos niveles socioeconómicos.
"Adicionalmente, otras características de la población pobre (bajos niveles de ingreso y educación, adscripción étnica, desocupación, etcétera) la hacen susceptible de no otorgar libremente su voto. En estos casos, la pobreza condiciona el sentido del voto y lo distorsiona”, indicó.
AL MEJOR POSTOR
Javier Aparicio señaló la diferencia entre la compra del voto y la movilización del voto. En el primer caso se trata de una transacción que cambia el sentido del voto: “Yo te pago un dinero a cambio de que tú, que no ibas a votar por mi candidato, votes por él”, ejemplificó.
En cambio, en la movilización del voto los candidatos o partidos identifican a sus votantes potenciales, gente que ya los apoya, a quienes les da incentivos para que acudan a las urnas. En contextos más competitivos, los ciudadanos deciden vender su voto a quien que les dé más, agregó el académico.
Santiago Nieto expuso que el condicionamiento de los programas sociales “no es un tema único de un partido, sino es transversal, de todos los partidos. Aunque, en general, el partido que tenga más poder es el que más genera este tipo de conductas”.
"Estamos en un buen tiempo para poder generar observación electoral respecto del uso de los programas sociales y generar actividades de vigilancia, para que éstos no se utilicen con fines electorales en este proceso de 2018”, aseveró Nieto Castillo.
ALERTAN SOBRE LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
La guerra sucia, la violencia política contra las mujeres, la proveniente de grupos sociales o de la delincuencia organizada, así como aquella que busca inhibir la participación en los comicios, son elementos que se deben desterrar del sistema político mexicano para evitar que la polarización social incida en el ejercicio de la democracia.
Así lo consideró Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en entrevista con Excélsior, al subrayar que en dicha tarea deben participar los gobiernos, los partidos, los candidatos y la ciudadanía.
"Si seguimos con campañas negras, con guerra sucia, condicionamiento de programas sociales, compra de voto, presencia de los secretarios del gobierno federal haciendo proselitismo... corremos el riesgo de que la sociedad llegue polarizada al 1 de julio”, alertó.
Nieto Castillo destacó que se debe trabajar para evitar que en el proceso y en la jornada electoral se den enfrentamientos sociales, como los ataques que se suscitaron en 2015 por parte de maestros disidentes en Oaxaca y en Guerrero.
Asimismo, consideró necesario que se pongan en marcha operativos policiacos y ministeriales para garantizar la instalación de las más de 154 mil casillas el 1 de julio.
De la injerencia del narco en los comicios, consideró que ésta se manifiesta más en el financiamiento de las campañas, por lo que el INE, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben trabajar coordinadamente para detectar el flujo de recursos ilícitos.
LAS CIFRAS MUESTRAN MÁS ENDEBLE AL SUR-SURESTE
Además de la desigualdad económica que se percibe entre la región norte y sur del país, el riesgo de compra-venta del voto en dichas zonas está polarizado, debido a la marcada diferencia que presentan en los indicadores de pobreza, vulnerabilidad por carencias, marginación y en porcentaje de beneficiarios de programas sociales.
De acuerdo con un análisis realizado por Excélsior, cinco de los diez estados más vulnerables a la compra de voto se encuentran en la zona sur-sureste del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Michoacán.
El promedio de población en pobreza en estas cinco entidades es de 63.62%, mientras que la media de personas pobres y vulnerables es de 73.7%, de acuerdo con cifras del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Según datos del Consejo Nacional de Población, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero el grado de marginación social es alto o muy alto, y sólo Tabasco está en un grado medio.
En tanto, seis de las diez entidades en que es menos probable que la gente venda su voto están ubicadas en el norte del territorio nacional: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Chihuahua.
En estos estados del norte el promedio de población en pobreza es de 23.65%, casi 40 puntos porcentuales menos que en los estados con mayor riesgo de compra de voto, que se ubican en la zona sur-sureste del país.
En dichas entidades de la zona norte, el grado de marginación social fluctúa entre bajo y muy bajo.
Fuente. Excélsior | 
