Un presunto cómplice de Arturo Bermúdez Zurita en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias fue nuevamente vinculado a proceso, tras reponerse el procedimiento por mandamiento judicial, por autorizar contratos millonarios a las empresas del "capitán Tormenta".
Se trata de Alejandro Contreras Uscanga, colaborador de Bermúdez Zurita cuando este último se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Tanto Bermúdez, en su carácter de Secretario, como Alejandro Contreras de Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, están acusados de haber abusado de su poder en la cadena de mando de la dependencia y otorgar el contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo de Bermúdez Zurita, también vinculado.
|
Dicho auto de vinculación fue confirmado este lunes por un juez de control de Pacho Viejo, luego que la justicia federal concediera un amparo para echar abajo la resolución del auto, decretada en audiencia del 17 de noviembre de 2016, y ordenara su reposición.
De acuerdo con el juzgador, fue el subcomité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Contreras Uscanga, el que autorizó el otorgamiento del contrato a la empresa “Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, aun sabiendo que estaba incumpliendo la ley.
Aunque en la reposición, resuelta en el toca de queja 204/2017, se solicita a la Fiscalía que en su solicitud de vinculación no presente como dato de prueba la relación con la empresa beneficiada, dejó intocado el informe con el que se avala que existen otras empresas en las que Bermúdez, sus padres, hermanos, e incluso su esposa, son socios de Roberto Esquivel y que aparentemente también habrían obtenido contratos.
La Fiscalía General del Estado (FGE), acusa que de manera indebida se autorizó el contrato celebrado el 29 de febrero de 2016, pues no se puso de conocimiento al subcomité de adquisiciones en pleno que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba, por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, lo que supone la comisión del delito de tráfico de influencias.
Con ello, dijo, quedó justificado el beneficio a terceros, en este caso, Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo del ex servidor público, que si bien no cobró la totalidad del monto por el que se erigió el contrato -91 millones de pesos-, este fue celebrado de manera onerosa e incluso interpuso denuncias contra la SSP para que las mil 988 facturas que reclamaba, fueran pagadas.
Además, el juez destacó el dolo con el que actuaron los vinculados, pues existe un elemento de prueba consistente en un oficio en el que Alejandro Contreras solicitó al tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que eliminara de la lista de proveedores a la empresa de Esquivel Hernández, posterior a la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares el 20 de julio de 2016 por dichos delitos, para tratar de eliminar la evidencia.
Contreras Uscanga dejó de presentarse hace más de un año a las audiencias del caso, argumentando en todo momento que se encuentra delicado de salud, en una sanatorio de la Ciudad de México. |
