El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El SAT también investiga a una red de 11 empresas “fantasma” ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.
Cuatro de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, de acuerdo con los documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.
También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en todos los casos no fueron localizadas.
El 10 de diciembre de 2018, ya en el gobierno de López Obrador, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones, y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse.
Sin embargo, al no haber respuesta, el SAT publicó el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de presuntas empresas fantasma.
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Raúl Olmos/ Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) | 
