La propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, exponen que en Veracruz y México se necesita pasar de las discusiones y acusaciones mutuas de corrupción, entre los actores políticos, a la construcción de un andamiaje jurídico acorde a la realidad social y a las demandas de la población.
También, al establecimiento de un marco normativo que procure equilibrios en el ejercicio del poder, el fortalecimiento de las atribuciones de control del Poder depositario de la Representación Popular, el diálogo y la búsqueda de consensos en los asuntos públicos y que contribuya a combatir eficazmente la corrupción, la impunidad y la inobservancia de la ley.
La iniciativa plantea establecer en la entidad el modelo adoptado en el ámbito federal, en el que el Senado de la República ratifica el nombramiento del titular de la dependencia responsable del control interno en el Poder Ejecutivo, y la Cámara de Diputados el del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Estamos convencidos de que mayores grados de autonomía, como los que podrían generarse a partir de que los respectivos nombramientos tengan que ratificarse por otro Poder, alientan la posibilidad de desempeños más independientes, sin compromisos políticos ni conflictos de intereses y, en todo momento, con apego a la legalidad”, refiere el Grupo Legislativo Mixto.
Tras conocerse la iniciativa, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para el trámite legislativo correspondiente. | 
