El Artículo 47 de dicha ley prevé establecer que el Registro es el sistema de información, de carácter no público, relativo a la identidad, penas y medidas de seguridad impuestas a las personas condenadas en sentencia firme emitida por un juez penal, por delito cometido contra la libertad o la seguridad sexuales, regulados por el Código Penal para el Estado.
Además, que la finalidad del Registro es la investigación y persecución de los delitos mencionados, con el objeto de proteger a las víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de Veracruz y otros estados, mediante la suscripción de los convenios correspondientes.
Precisa que la información que contenga el Registro sólo podrá ser utilizada por las autoridades responsables de la persecución e investigación de los delitos relacionados con la libertad y la seguridad sexuales.
La inscripción en el Registro de Personas Agresoras Sexuales sería por el periodo igual al que dure su condena, en ningún caso podrá ser superior y será determinada por el juez competente. Se cancelará cuando concluya el término establecido o cuando así lo ordene la autoridad jurisdiccional que corresponda.
Anilú Ingram subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas que generen condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos humanos, sobre todo, las encaminadas a lograr una cultura basada en crear cambios en la conciencia pública que erradiquen patrones culturales que refuerzan y sostienen la violencia.
Puntualizó que el Registro podría ser utilizado para determinar la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada en su Artículo 38 relativo a dicha suspensión.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo de Morena; las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán, Maribel Ramírez Topete y Verónica Pulido Herrera, así como los diputados Juan Enrique Santos Mendoza y Hugo González Saavedra.
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