Y la cual indicó que se analizarán las acciones jurídicas conducentes, por tratarse de desacato a una sentencia definitiva y violación al ejercicio de derechos humanos.
Y es que el argumento esgrimido por el propio titular del Ejecutivo estatal es “la falta de condiciones de seguridad, por lo que no es óptimo llevar a cabo esta votación en los penales estatales". Pese a ello, se siguen las gestiones respectivas,
Mientras eso sucede, se está a la espera de la resolución que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que se le informe de la imposibilidad de garantizar el voto de personas en prisión preventiva, al considerar que es una evidente violación a los derechos humanos por una negativa del gobierno estatal.
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