Tal es el caso de la segunda, Patricia Montelongo, contra quien obra la investigación ministerial FESP-14/2014 en la Fiscalía Segunda Especializada en delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, derivada de la denuncia que impuso Teodora Vázquez Juárez por el delito de Incumplimiento del Deber Legal en el trámite del Juicio Ordinario Civil 178/2011.
Pero también aparece Lizbeth Hernández Ribbon: esposa de otro magistrado pero electoral, Javier Hernández Hernández… ¿Y por qué menciono este detalle? Pues ahí le va: la primera razón de Ley para cuestionar este nombramiento es que, de acuerdo con los propios trabajadores del Tribunal, Lizbeth no cuenta con carrera judicial; requisito indispensable para asumir una magistratura. Así de fácil y ahí le podríamos parar.
Sin embargo, el tema se pone grave si consideramos que a su esposo, don Javier Hernández (al cuadrado) se le conoce como la principal tapadera de Alberto Sosa Hernández, actual presidente del Tribunal, cuando fungió como su asesor y Consejero de la Judicatura; éste último puesto, clave para Sosa, pues ahí mismo, Hernández fungió como “cuidador” de sus intereses y aprobando movimientos oscuros utilizando el Fondo Auxiliar del Poder Judicial que, en lugar de ocuparlo para la capacitación de servidores públicos en torno al nuevo Sistema Penal Acusatorio –por ejemplo- dicen las lenguas viperinas, se habría ido directo a la bolsa de don Beto, teniendo a Javier de cómplice.
Por ende, el nombramiento de Hernández Ribbon sería un “pago de favores” de la más entrañable corrupción que ha distinguido a este Poder del Estado durante años.
Y finalmente, llegamos al punto donde todo se complica: Francisco Portilla Bonilla; exprocurador de justicia, exsubsecretario de Gobierno, exalcalde cordobés, exsecretario general del Congreso local y actual “as” de Javier Duarte de Ochoa; promovido como Fiscal Anticorrupción, Magistrado en la misma materia y bateado, ahora cae como magistrado pero en materia familiar ¿con qué fin? Pues ni más ni menos que para pronto –en diciembre próximo, para ser exactos- ocupar el lugar de Alberto Sosa como el “preciso” del Tribunal veracruzano.
SUI GENERIS
¡Pobre Paco! ¿Y ahora, quién lo sacará del problemón? ¿A quién le dará prioridad de rescate? Porque de Duarte, está por demás dicho y contradicho el impúdico saqueo que ha ejecutado contra Veracruz; razón por la cual, insiste en nombrar a Portilla como su “superhéroe” y facultándolo a toda costa para que dirija las acciones de su blindaje contra toda acción judicial que lo pueda mandar al tambo.
Pero ¿y Beto Sosa? Recordemos que, nada más así “a tientas”, se dice que compró un yate (matriculado por Conapesca con la clave RNP 3006002095), que está construyendo una plaza comercial, y que ha convertido a sus hijos y hermanas en personas ricas y acaudaladas (como el coordinador de la Junta Estatal de Mejoras, Ulises Sosa Gómez, por mencionar uno).
O también ¿ya se nos olvidó el famoso contrato por 182 millones de pesos para construir el edificio judicial de nueve pisos en la ciudad de Xalapa, que se entregó fuera de legalidad con evidente manipulación del concurso a la Constructora Xallapan, propiedad –cuentan- de algún familiar indirecto de la familia Herrera-Borunda?
Como se recuerda, bajo consigna de quién sabe quién (…) se eliminaron del concurso a las empresas constructoras de más experiencia, cuyas cotizaciones eran inferiores hasta en 20 millones de pesos. Eso sin contar que Xallapan era la que más incumplía con los requisitos exigidos en las bases de la licitación y nunca había realizado trabajos similares al ofertado, pues su giro eran los sistemas de agua y saneamiento.
Incluso, se dice que hubo inconformidad al interior del Consejo de la Judicatura, donde se realizó la truculenta asignación; al menos dos de sus cinco integrantes se negaron a firmar el acta de fallo, ya que previamente habían acordado declarar desierta la licitación y hasta había un acta firmada en ese sentido que fue destruida. Sin embargo, Sosa dividió a los consejeros y consiguió –3 a 2, sin la firma de estos últimos– asignar la obra a su conveniencia.
Y pa’ acabarla de amolar, en los pasillos se comenta la supuesta construcción de un edificio de ocho departamentos, ubicado en el fraccionamiento residencial Coapexpan, en Xalapa; inmueble que tendría un valor estimado de 15 millones de pesos, y que aparece hoy escriturado a nombre de la cónyuge de Sosa, Susana Gómez Carvajal.
En este caso, causa extrañeza que la escritura que manifiesta la construcción del edificio cuenta presuntamente con una versión de olvido u omisión en su declaración patrimonial, pues Sosa y su esposa Susana disolvieron en 2005 su matrimonio. Entonces ¿cuántos bienes tenían en 2005, que hasta se les “olvidó” declarar ese “lote con construcción” a nombre únicamente de la señora Susana, pero que luce recién construido? ¿Omitió la notaria María Amparo Álvarez Castilla este “detalle”, para que su hija, Michell Archer Álvarez, fuera ubicada por Sosa en la coordinación del Centro Estatal de Justicia Alternativa?
Vaya que la tiene complicada Paco Portilla… porque inevitablemente, en pocas semanas esta información –ya sin fuero en ambos personajes citados- se volverá noticia nuevamente. De eso, ni duda queda. | 
