Algo parecido a lo que hizo con su tan llevado y traído sistema de videovigilancia con que supuestamente abatiría la delincuencia. Hoy todo ese trabajo que supuestamente llevaría a la operación de 6 mil 478 cámaras de videovigilancia en toda la entidad, se halla bajo la lupa del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que investigará si el enorme presupuesto aplicado, calculado en más de 700 millones de pesos, ha servido para algo o es un fraude absoluto del gobierno pasado.
Por lo pronto, el actual secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ha asegurado que el negocio yunista fue un verdadero fraude. Y yo diría que ha sido un fraude no solo para las arcas públicas, que se vieron mermadas por una suma cercana a los mil millones de pesos, sino sobre todo a la confianza o credibilidad de la población. Hay que recordar que este proyecto incluyó la merma de espacios educativos en Boca del Río. Ahí, junto al campus de la UV, en el Ilustre Instituto Veracruzano, fue confiscada gran parte de su terreno para construir un edificio sobre la base del Centro Rébsamen y para abrir una calle de desahogo a la instalación del famoso C-5.
De las cámaras instaladas, reveló el jefe policiaco, apenas funciona el 40 por ciento, unas 2 mil 500, y en sitios como Coatzacoalcos, cuya población ha sido la más castigada por el crimen organizado, solo funcionan 150 de las 400 instaladas.
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En declaraciones a la prensa sureña, Gutiérrez Maldonado manifestó que las cámaras no sirven, que fue un fraude, y que consideran la posibilidad de presentar denuncias contra quienes firmaron los contratos; además, exigirán a la empresa contratada por Yunes que termine la instalación y buena operación del sistema o que entregue la fianza de 500 millones de pesos.
Pero, vamos, que las denuncias tendrán que ser presentadas ante autoridades ministeriales del gobierno federal porque, en Veracruz, la Fiscalía está bajo control de Jorge Winckler, que está ahí nada menos que para cuidarle la espalda a su real patrón, Miguel Ángel Yunes Linares, y a todos sus cómplices del gabinete anterior, entre ellos, el extitular de la SSP, Jaime Téllez Marié, y el exsecretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini.
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