La legisladora –sigue la nota– “fue evasiva en sus respuestas y se limitó a pedir que el tema se dirima en las instancias competentes y dejar de lado la guerra de declaraciones. Recordó que en su momento fijó su postura en torno a la denuncia mediática de la existencia de más de una centena de aviadores en el Colegio de Bachilleres, incluso, pidió que se diera a conocer los nombres y apellidos. Ahora que se filtró a la prensa el nombre de su hijo, que aparece en la nómina, evadió confirmar el hecho.”
Nombres, nombres, nombres…
Este miércoles se destapó también que la priista Martha Montoya Barradas, exdirigente del Organismo Nacional de Mujeres, del PRI, cobra como taquimecanógrafa en el Cobaev, mientras atiende su notaría pública en Martínez de la Torre. Lo que no se mencionó es que también su hijo, Fernando Vázquez Montoya, siguiendo la tradición familiar y política de su progenitora, cobra sin trabajar en el mismo organismo.
Pero no es la única compañera de partido que ha sido beneficiada por Érika Ayala para seguir alegremente con su actividad política. Los trabajadores (no la SEV, como afirman algunos despistados colegas), mencionan también el caso de Anabel Ponce Calderón, exregidora del ayuntamiento de Pánuco, cargo al que pidió licencia para sustituir por los siete meses restantes del gobierno de Peña Nieto a la hoy diputada federal Anilú Ingram en la delegación de la Sedesol, el 13 de abril de 2018; Anabel se embolsa un salario mensual bruto de 27 mil 519.08 pesos. Junto con ella, se encuentra María Eugenia Montano Bermúdez (hija de Alejandro Montano, exdelegado de la Secretaría de Gobernación con Peña Nieto), con un salario base de 14,464.60 pesos mensuales.
En el mismo caso señalan a Lilia Christfield Lugo, quien fuera coordinadora de Comedores Comunitarios de la Sedesol y candidata perdedora a la diputación federal por el distrito V con cabecera en Poza Rica, quien recibió en el Cobaev un salario bruto mensual de 21 mil 381.06 pesos mientras fue regidora en el Ayuntamiento de Pánuco. Como dato adicional, su esposo Martín de Jesús Sánchez Rodríguez fue contralor del Cobaev en la gestión de Carlos Aceves Amezcua, gracias a que Érika Ayala le pidió a su amigo Ricardo García Guzmán, en ese tiempo Contralor General, que lo pusiera como encargado de revisar todo. Es decir, la Iglesia en manos de Lutero.
En nuestra anterior entrega mencionamos a Elisa Ponce Pérez, quien fuera directora general de la Fundación Estamos Avanzando (las siglas son extrañas, FEA, pero lo claro es que las dos últimas coinciden con las iniciales de Érika Ayala) y en diciembre fue nombrada como Directora del Servicio Nacional del Empleo en Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García Ortiz. Hoy nos enteramos que no solo ella ha estado implicada en el caso de los aviadores, sino también su hermana Mónica Ponce Pérez, con un sueldo mensual de 9 mil 244.24 pesos, gracias a que Érika y Elisa han estado enlazadas, dicen, en jugosos negocios.
Ya por último mencionamos a Iván Oswaldo Linares Sierra, quien fuera Jefe del Departamento de Enlace Interinstitucional de Coordinadores del Colegio de Bachilleres en los inicios del gobierno de Javier Duarte, y quien hoy se ostenta como asesor de la Secretaría de Turismo, a quien señalan de estar en la nómina del Cobaev con un salario superior a los 30 mil pesos mensuales.
Érika Ayala: el colmo de la avidez por el billete
Pese a que es diputada local y el artículo 31 de la Constitución local prohíbe expresamente que los legisladores desempeñen otra comisión o empleo público que les permita disfrutar de un retribución económica, la lideresa del sindicato del Cobaev incurre en un desacato pues sigue cobrando su plaza (ya no digamos las percepciones que obtiene subrepticiamente o derivado de su cargo sindical), por la que en abril recibió cerca de 80 mil pesos de salarios y primera parte de prima vacacional, según recibos revelados en redes sociales.
La cláusula 95 del Reglamento de este Colegio establece que al asumir un cargo público, deben proceder a solicitar licencia sin goce de sueldo, sin embargo, la legisladora ha hecho caso omiso al respecto.
Según la Constitución Política del Estado de Veracruz, la infracción por la violación del artículo 31, será castigada con la pérdida del cargo de diputado, mientras que en el artículo 82 fracción V, se establece que no podrán reunirse en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el municipio, y de este último y la Federación, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale la ley.
Cabe recordar que durante su lucha por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, Ayala Ríos también continuó cobrando su sueldo de Tiempo Completo en el Cobaev.
Dice el corrupto Fiscal Anticorrupción que la investigará por corrupción
Además de señalar que la Fiscalía “Anticorrupción” a su cargo inició una investigación por la compra y renta de vehículos destinados para patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), solo con datos derivados de las notas periodísticas, cuando no ha movido un pie para informar del curso de la investigación sobre la corrupción durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por el faoso sistema de videovigilancia, Event Torres Zamudio se comprometió a realizar una “investigación exhaustiva” por el caso de aviadores del Cobaev.
Según nota de la periodista Verónica Huerta, de la Agencia AVC Noticias, Torres Zamudio (envuelto en el escándalo de las negociaciones de la Fiscalía General con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita) declaró que, con respecto a la denuncia interpuesta por la secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por 214 aviadores que recibían compensaciones de hasta 30 mil pesos y que pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (SUIT-Cobaev), que dirige la diputada local del PRI, Erika Ayala Ríos, se realizará una investigación exhaustiva.
“Si tienen responsabilidad, creo que el tema de los aviadores ha permeado en diveras instituciones, pero no se ha llegado a acreditar. Si alguien contrató personas o darles recursos a personas que no están realizando su trabajo, ejerceremos la acción penal pertinente”.
¿Usted le cree? Yo tampoco. Hay complicidades con el gobierno que lo impuso de manera ilegal en la anterior Legislatura para que le protegiera las espaldas.
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