Fue en noviembre del año pasado, cuando el diputado Irineo Molina Espinoza, del grupo legislativo de Morena, presentó en la Cámara de Diputados federal la “Iniciativa que adiciona el Artículo 63 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
La intención de esta propuesta era, entre otras cosas, “combatir las acciones, omisiones y hechos relacionados con corrupción que atentan contra la debida función pública y generan perjuicio al erario público y en general a todos los elementos que conforman un Estado”, y planteaba: “Es práctica común desde la antigüedad, que personas que han ocupado o ejercido cargos públicos, integren al mismo a sus parientes, esta situación se ha vivido desde los albores de la civilización y se sigue realizando hasta nuestros días”.
De ser aprobada la incorporación del Artículo 63 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, éste quedaría así:
|
“Cometerá nepotismo el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
Pero eso será cuando sea aprobada dicha reforma.
Por lo pronto, no hay precepto jurídico en la actualidad que condene el nepotismo.
Lo que sí hay es una censura pública, reiterada, del Presidente Andrés Manuel López Obrador -jefe político de los militantes de Morena- contra esa práctica y, por lo tanto, aquellos que aspiran a seguir sus pasos, a caminar por la ruta que él les marca, tendrían que ser coherentes con esa descalificación.
La mañana de este jueves, en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina que ofrece el Presidente, un reportero que se presentó con el nombre de José Sobrevilla y quien dijo representar al periódico “Noreste” de Veracruz, cuestionó a López Obrador sobre las acciones que seguiría “ante los casos de nepotismo que se registran en el gobierno morenista de Cuitláhuac García, en Veracruz, donde su primo Eleazar Guerrero, es subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, y dos de sus hijos (de Eleazar) Nytzia Aracely, es directora de Atención a la Población Vulnerable del DIF estatal, involucrada en el pago de empresas fantasmas en desayunos infantiles. Y su hijo, Eleazar Guerrero, director de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad, también ha estado involucrado en el escándalo de la compra de unas patrullas. El cuñado de Eleazar ha sido subdirector de Administración del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y el primo de Eleazar, también ha sido director de Patrimonio del Estado, y su nombre es Belisario Reyes Herrera”.
El Presidente fue cauto en su respuesta (abrió advirtiendo: “Nosotros estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes, por ejemplo, en Veracruz que el papá era gobernador, el hijo presidente, el otro hijo senador, o sea, ya no. Basta de nepotismo”) pero terminó girando una velada instrucción al gobernador de Veracruz: “Que la autoridad competente actúe, ya hizo la denuncia y estoy seguro que Cuitláhuac, que es un hombre honesto, íntegro -nada que ver con los gobernadores anteriores- va a tomar en cuenta tu planteamiento y tiene que dar una explicación”.
La instrucción fue clara, y la “explicación” la dio el secretario de Gobierno, Éric Cisneros.
Dijo que no hay casos de nepotismo vinculados al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y explicó que el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez no es tal ya que “ni siquiera comparten apellidos”.
En realidad Eleazar Guerrero está casado con una prima de Cuitláhuac García, y eso no lo hace “primo” con vinculación sanguínea.
Lo que el servidor público pasó por alto es que los hijos de Eleazar Guerrero sí son sobrinos consanguíneos del gobernador y fueron contratados, desde el primero de diciembre del 2018, “en el ente público en que ejerce sus funciones” (el gobierno estatal) y por lo tanto se acredita el nepotismo.
No es delito, pero es un desacato del honesto gobernador a su guía político.
¿Cómo procederá?
filivargas@gmail.com |
