Así de sencillo. Pudiendo haber festinado que se aplicaba la Ley a uno de sus detractores, optó por deslindarse. El tema no es suyo y, por lo tanto, debe ser el órgano autónomo encargado de la procuración de justicia, el que hable sobre eso.
Ni el gobernador de Veracruz, ni el secretario de Gobierno, ni los diputados tendrían que estar emitiendo opiniones sobre un asunto que cae estrictamente en el ámbito de las Fiscalías y, como consecuencia de ello, en los tribunales de justicia.
Hoy la confirmación de que hay causas abiertas en contra de Jorge Winckler y sus secuaces ha abierto un debate en el que, incluso, se han visto involucrados varios periodistas.
Por un lado los que están casados con la causa de Morena y ven todo negro en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, y por otro, aquellos que juran, como si hubieran sido testigos presenciales, que Javier Duarte pactó con López Obrador al menos desde 2016 -quizá antes-, el financiamiento y la operación subrepticia en las campañas de Cuitláhuac García, a cambio de obtener impunidad una vez que Morena se hiciera de la Presidencia.
Hasta este momento Javier Duarte sigue en la cárcel, y aunque se vislumbra una próxima salida, esa posibilidad está sostenida en argumentos jurídicos, no políticos ni mediáticos.
Hasta hoy, ningún colaborador de Miguel Ángel Yunes Linares está en la cárcel, aunque ya se han emitido algunas órdenes de aprehensión.
Bien lo decía Chales Darwin: “La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia”.
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