Fueron los operadores de uno de los más grandes casos de extorsión que se haya registrado en el estado de Veracruz. Fueron ellos los que, a nombre de su jefe, Miguel Ángel Yunes Linares, amenazaron a exservidores públicos y a sus familiares, para obligarlos a entregar bienes y dinero en efectivo, o de lo contrario los meterían a la cárcel.
En todos los casos, Domínguez Armengual era el que se entrevistaba con los exservidores públicos y con sus familiares más cercanos, para hacerles saber que tenían “una investigación muy avanzada” en su contra, y luego de pintarles el futuro más trágico para el exfuncionario y su familia, les ofrecían una salida.
Domínguez Armengual, quien fue Director del Registro Público de la Propiedad, tenía acceso a la información de los bienes que sus víctimas poseían, por lo que les exigía, para librar la cárcel, de manera específica los inmuebles que tenían más valor. En los casos en los que consideraban “insuficiente” el monto, también les exigían una cifra millonaria en efectivo.
Las transacciones se realizaron tanto en la notaría de Domínguez Armengual, como en la de Lince de la Peña. Contrario a lo que muchos pudieran suponer, lo entregado por los exservidores públicos no pasaban de forma automática a ser propiedad del gobierno. De hecho fue muy poco lo que se transfirió a las arcas estatales.
Los documentos que las víctimas de la extorsión firmaban para ceder sus bienes, incorporaban como destinatario al abogado Daniel Ortiz Peña, el primo de Jorge Winckler.
Con cinismo, al momento de recibir el dinero en efectivo, cuestionaban a las víctimas: “¿De esto no vas a querer recibo, verdad?”.
Poco, muy poco del producto de estas extorsiones, fue a dar al gobierno de Veracruz. Casas, autos, yates y muchísimo dinero, terminaron en poder de Miguel Ángel Yunes y sus secuaces.
A finales de la administración yunista, cuando preparaban ya los protocolos de entrega-recepción, en una reunión en Sala de Banderas para tratar el tema de los “bienes recuperados”, el propio gobernador admitió:
“Él (Leopoldo Domínguez Armengual) participó en la etapa previa a mi toma de posesión como conocedor de los temas notariales y registrales. Él fue Director del Registro Público de la Propiedad y es notario público -como es sabido de todos- y él participó en la recuperación de los bienes haciendo investigación registral, haciendo los análisis de cómo debía procederse para la transferencia legal de los bienes inmuebles”.
En su intervención, el notario público número 10 admitió haber participado en estos actos ilegales:
“Esta información le sirvió a usted, ya siendo gobernador electo, para poder presionar a estas personas y obtener de parte de ellas una devolución de lo sustraído ilegalmente”.
No se puede argumentar que hayan sido “devoluciones”, pues estos acuerdos se encuadran en lo que se conoce como “vicio de consentimiento”, como lo prevé el artículo 1745 del Código Civil para el Estado de Veracruz: “El consentimiento no es válido si ha sido obtenido por error, por violencia o por dolo”.
El artículo 1751 del mismo Código señala: “Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado o no en el contrato”, mientras que el artículo 1752 apunta: “Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado”.
No se trata, pues, de una simple amenaza mediática. Hay documentos y acciones específicas del gobierno federal, para castigar a quienes se confabularon para cometer estos delitos y se hicieron de dinero y bienes de forma ilícita.
Decía Horacio, aquel poeta latino: “La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.
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