¿Cómo llegamos a esto?
Allá por la década de los 90, en un afán de acabar con el sistema de un partido hegemónico, se decidió impulsar la actividad de nuevos partidos políticos y organizaciones surgidas de la sociedad civil. Eran tan alarmantes los niveles de abstencionismo, que se concluyó que era necesario convencer al ciudadano común de que era posible derrotar en las urnas al poderoso partido que hasta ese momento copaba todas las instituciones del país.
Ya para entonces se pusieron en la mesa otros argumentos, como la necesidad de impedir que los grandes capitales privados o –incluso- el crimen organizado penetraran a los partidos o candidatos.
El mecanismo funcionó. Poco a poco se fue construyendo y perfeccionando un organismo autónomo capaz de garantizar la transparencia y certeza de los procesos electorales, a la vez que se multiplicaron las opciones políticas a las que el ciudadano tiene acceso para expresarse en las urnas.
Gracias a estos mecanismos de financiamiento de partidos y de fortalecimiento del órgano electoral, el PRI perdió su hegemonía, y se hicieron presentes otras opciones, como Acción Nacional, Revolución Democrática y, a partir del 2018, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, consiguió escenarios sólo vistos en aquellos tiempos de plenitud del Revolucionario Institucional.
Y es ahora cuando esta versión moderna de Mesías asume que esos mismos instrumentos que le permitieron llegar al Poder, luego de casi dos décadas de lucha, podrían ser los que impidan que su proyecto trascienda a él mismo, de manera que con la fuerza que posee en el Congreso federal y en la mayoría de los congresos estatales, pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y convertirlo en un órgano que se limite a organizar la logística de las elecciones, bajo el control de la Secretaría de Gobernación, lo mismo que sucedía en los tiempos del maximato priista.
Plantea, además, suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que organizan, convocan, vigilan y auscultan los procesos electorales; quiere desaparecer a los consejeros y disminuir el gasto público a partidos y organismos.
¿Cuál es el principal –o único- argumento?
Que sale muy caro.
Este lunes el gobernador de Veracruz transmitió a los veracruzanos su propia versión de esa estrategia del Presidente.
Utilizando como argumento adicional la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, que entre otros efectos dañará la ya de por sí maltrecha economía de Veracruz, Cuitláhuac García propone una reforma a la Constitución para reducir hasta 533 millones de pesos de lo que se tendría que destinar a la organización de las elecciones de 2021.
Ya de por sí el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) ha sido una de las instituciones más castigadas en el Plan de Austeridad del actual gobierno. Todo indica que la intención es doblegar a los órganos autónomos, o matarlos de inanición.
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