Este mismo martes el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, insistió en su llamado a las autoridades municipales para que no tomen medidas distintas a las que se instruyen por parte del Consejo de Salubridad Nacional, “el cual ha sido claro con las indicaciones: sana distancia, de 1.5 metros entre las personas; higiene constante y permanente y quedarse en casa”.
No. El uso de cubrebocas no ha sido considerado por el Consejo de Salubridad Nacional como una de las “medidas de seguridad sanitaria”, en las que sólo se considera no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, saludo a distancia (no saludar de beso, ni de mano, ni de abrazo) “y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud Federal”, que tampoco considera el uso de cubrebocas generalizado entre ellas.
En realidad el llamado del secretario de Gobierno tenía como destinatario aquellos alcaldes que han decidido aislar sus municipios e impedir el acceso a ese territorio a cualquier persona.
La dependencia a su cargo emitió un comunicado en el que da a conocer que “se aplicarán sanciones legales a los alcaldes que no permitan el ingreso y libre tránsito en sus municipios”.
Dejemos para otro momento la discusión acerca de las facultades que, supone Éric Cisneros, tiene para “aplicar sanciones” a los presidentes municipales.
En su comunicado explica que “hace unos días” recibieron un comunicado de la Secretaría de Gobernación y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, donde se señalaban las restricciones que había a nivel nacional y estatal ante la emergencia sanitaria por Coronavirus en el país, y no se incluía prohibir la entrada a los municipios.
“Ese documento lo hicimos llegar a 78 municipios del Estado donde se han tomado estas medidas por parte de los alcaldes. Donde les pedimos que no haya un Estado de Excepción, no se puede prohibir el libre tránsito, porque es atentar al derecho humano de la libre circulación”.
Y tiene la razón. Son tan violatorias esas medidas, como las que toman las corporaciones de seguridad (policía, Ejército y Marina) al colocar retenes en las carreteras del país. Muchos ciudadanos han muerto abatidos por elementos de seguridad, al optar por no detenerse, ante el temor de que se trate de una emboscada de criminales.
Las posturas de los alcaldes (78 de 212, un tercio de los municipios de Veracruz) es a todas luces arbitraria, pero tiene una lógica. Es la reacción natural frente a la falta de información, es la respuesta a la “dañina distancia” que ha mantenido el gobierno estatal con los presidentes municipales.
Más diálogo y menos amenazas.
Estamos frente a una emergencia sanitaria que ya está costando vidas y que depende de todos, sin distinción, que la frenemos con el menor costo posible.
¿Será que puedan dejar sus mezquindades para otro momento?
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