CIUDADES JUDICIALES, EN LA MIRA

“Oficio número 505/2021, con fecha 15 de julio de 2021. La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, solicita autorización para la modificación de los contratos de asociación público-privada para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia del Poder Judicial de Veracruz (Ciudades Judiciales) en diversos municipios del estado”.

Lo anterior forma parte de la correspondencia que llegó al Congreso de Veracruz y en la que se hace evidente que la magistrada Isabel Romero Cruz prefiere “arreglarse” con las empresas que se llevaron el gran negocio de construir 21 Ciudades Judiciales a cambio de un pago mensual de 17 millones de pesos (más IVA, más los ajustes inflacionarios) ¡durante un cuarto de siglo!, antes que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se le asigne al Poder Judicial de Veracruz el presupuesto que, por mandato de la Constitución local, le corresponde.

Esta claro que el “extraordinario sacrificio” al que se vieron sometidos los magistrados más vulnerables del Tribunal Superior de Justicia (la reducción por hasta un 30% de sus ingresos, por concepto de salarios y bonos) es insuficiente para cubrir el déficit que –según la propia magistrada presidenta- asciende a 500 millones de pesos, pero que, se sospecha, podría ser aún mayor.

Lo más absurdo de este conflicto financiero en el Poder Judicial (que se inició con el saqueo de Edel Álvarez, pero que se agudizó con la reforma promovida por Cuitláhuac García para imponer “criterios” para la asignación del porcentaje que les corresponde como presupuesto) es que Isabel Romero no ha querido rendirles cuentas a los magistrados, todo ha sido de palabra.

Ella asegura que no le alcanza el presupuesto para cubrir las necesidades elementales del Poder Judicial, pero se los dice justo cuando ya cruzaron la mitad del año. Si sabía desde diciembre del 2020 con cuántos recursos contaría para este año, ¿por qué no hizo desde entonces los ajustes? ¿Por qué no presentó una controversia constitucional para defender lo que por ley le corresponde a ese Poder?

Su antecesora en la Presidencia del Poder Judicial, Sofía Martínez, fue expulsada del cargo por atreverse a contradecir las “instrucciones” del gobernador. Para echarla recurrieron al servilismo de los propios magistrados. ¿Quién le garantiza a Isabel Romero que, conocedores ya del camino que hay que seguir, los mismos magistrados que la pusieron ahí no le quiten el cargo ahora a ella?

Les pegó donde más les duele… y eso tendrá un costo.

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