El despacho está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participación en una red que facilitó el lavado de recursos por más de 2 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.
El caso se vincula con una supuesta red de corrupción desplegada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En septiembre de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión en su contra y contra su hermano.
Según la información disponible, Álvarez Puga fue detenido hace “casi un mes” en el centro de detención de inmigrantes en Miami. La detención por migración abre la posibilidad de que México solicite su extradición, pues los cargos formales siguen activos en el país.
Por su parte, las autoridades mexicanas estudian nuevos pasos legales ante esta detención. La UIF ha recordado que, pese al desbloqueo de cuentas bancarias del matrimonio, las órdenes de aprehensión continúan vigentes.
La figura de Inés Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y exconductora de programas de entretenimiento, ha estado vinculada al caso desde 2018, cuando aparecieron indagatorias del Servicio de Administración Tributaria por discrepancias fiscales en su contra y la de su esposo.
En noviembre de 2018, Gómez Mont intentó regularizar su situación pagando cerca de 11 millones de pesos, pero la autoridad determinó que aún quedaban pendientes alrededor de 2 millones 604 mil pesos, lo que impidió cerrar el expediente.
El caso, por su magnitud, tiene implicaciones tanto legales como políticas. Representa un ejemplo de los retos que enfrenta México para investigar y procesar redes de corrupción que operan a través de empresas fantasma, contratos simulados y filtraciones de recursos públicos.
La captura de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia en México ante casos de corrupción y lavado de dinero de gran escala. Aunque la detención está motivada por una irregularidad migratoria, las consecuencias podrían extenderse hasta el ámbito penal y de extradición. En los próximos meses será clave observar la respuesta de las autoridades mexicanas, así como los pasos que dará la justicia estadounidense en este caso.
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