En nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional se libran batallas en los suelos que la madre naturaleza otorgó al mexicano para poder ser beneficiado directa o indirectamente con el medio ambiente, sin embargo no muchos lo ven así y lejos de ver el beneficio para las generaciones que vienen ven signos de pesos sobre estas tierras, Veracruz no es la excepción, la lucha del hombre contra el hombre por preservar los lugares que la naturaleza nos otorgó también se da y es numerosa la cantidad de conflictos socio ambientales que en el estado se viven.
En Veracruz son 4 tipos de conflictos los que se viven actualmente y que forman parte de los más de 300 que se registran en el país cifra que muestra una disminución si se cuenta que en marzo de este año eran 420 conflictos de este tipo. Conflictos energéticos, hidráulicos, mineros y turísticos son los que tiene uno de los estados más ricos en recursos naturales a nivel nacional, Veracruz.
Amenazas de despojo de recursos naturales, desplazamiento de comunidades indígenas, así como, contaminación ambiental y resguardo de recintos sagrados han hecho que defensores de derechos humanos “en defensa de la tierra”, pobladores, comunidades, organizaciones civiles y ecologistas se jueguen el pellejo contra empresarios, transnacionales y hasta gobernantes, en algunos de los casos hasta la muerte encuentran estos centinelas del medio ambiente.
LOS CASOS GREENPEACE
Al menos son 14 los conflictos socio ambientales que se registran o se han registrado (algunos de ellos) en el estado de Veracruz, van desde habitantes contra empresas transnacionales, habitantes contra organizaciones y gobiernos en contra de habitantes. En algunos se involucran organizaciones ambientalistas como Greenpeace o grupos defensores locales, en otros solo son pobladores.
El caso más reciente fue el que se dio a partir de la explosión en la planta Clorados III del complejo industrial pajaritos de PEMEX en Coatzacoalcos, ocurrida el 20 de abril del año en curso.
Dos meses después del mega accidente, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la cámara de diputados federal dio a conocer un estudio realizado por la ONG Greenpeace en el cual según diez muestreos realizados arrojaron el resultado de que el agua y la tierra de la zona databa de altas concentraciones de Dicloruro de Etileno además de hallarse 59 químicos considerados cancerígenos.
Las muestras analizadas en un laboratorio de la Universidad de Esex, Inglaterra arrojó la presencia de tóxicos provenientes del agua que descarga una de las tuberías de pajaritos en el caudal del río Teapa. La reacción por parte de PEMEX fue negar que sus instalaciones estén envenenando a la población de Coatzacoalcos y la región.
Esto causó que 8 días después la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenara la clausura temporal de la planta Clorados III operada por la empresa Mexichem.
El conflicto socio ambiental entre Greenpeace y Mexichen que a 3 días de la explosión aseguró que no habría impacto ecológico, no paró con la clausura de la planta petroquímica, pues este 27 de junio Miguel Ángel Soto vocero de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace-México dio a conocer que desde el 2001 PEMEX y Mexichem envenenan la zona sur soltando sustancias altamente tóxicas, muchas de ellas catalogadas como cancerígenas, aseguró que la explosión de pajaritos solo aumentó la concentración y que si hubiese un buen manejo de las sustancias durante años, no se hubiese dado la explosión.
No es la primera vez que Greenpeace actúa en el estado y tampoco apoya en el sur del mismo a la ciudadanía en contra de PEMEX, en agosto del 2013 Greenpeace acusó a la paraestatal de causar cáncer en la región. En aquel entonces habitantes de Copoacan pedían a PEMEX y Shell que dejaran de trabajar en suelo sureño y la organización ambiental los apoyó. Los verdes también se han pronunciado en contra de la Central Nuclear de Laguna Verde la cual según ellos, es el origen de varios casos de cáncer cercanos a la central.
HABITANTES CONTRA EMPRESAS
Hace un poco más de dos años el conglomerado de negocios brasileño Odebrecht llegó a tierras cercanas al río Los Pescados en Jalcomulco a tratar de erigir una presa hidroeléctrica pero los habitantes, ambientalistas y campesinos del lugar lo evitaron al denunciar que la empresa realizaba movimientos de tierra y excavaciones pese a que un decreto presidencial veda cualquier proyecto en el área. Toma de casetas de cobro, bloqueos carreteros, manifestaciones en la plaza Lerdo de Xalapa, impedimentos de la gente a trabajadores por seguir excavando y demás hicieron que el conflicto se apagara.
Hoy en día ya no hay problemas, todavía en junio del año pasado Odebrecht metió un manifiesto de impacto ambiental que envió la empresa a la comisión reguladora de energía para que le permitieran continuar con el proyecto pero no avanzó la petición por intervención de las autoridades federales que resguardan el medio ambiente. Hoy todavía se montan guardias en un campamento ubicado en la entrada de la zona donde se querían iniciar los trabajos que ponían en riesgo la “salud” del río.
Las guardias a las que se les lleva comida e insumos para estar en el lugar son constituidas por grupos ambientalistas como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida)que incluso llegó a vivir hostigamientos y amenazas por defender las aguas de este río.
Pero no es Jalcomulco el primer lugar de Veracruz en donde Odebrecht ha tenido resistencia ciudadana. En Coatzacoalcos la creación del mayor complejo petroquímico de América Latina mejor conocido como Etileno XXI también tuvo su conflicto socio ambiental, Brasken Idesa es una compañía petroquímica que pertenece a Odebrecht y tuvo su conflicto cuando habitantes de Nanchital se proclamaron por defender 100 hectáreas, así lo dio a conocer Dalos Ulises Rodríguez Vargas, Procurador Estatal de Medio Ambiente.
“Estos pobladores pusieron resistencia por 100 hectáreas de área natural y hoy por hoy esta factoría tan grande no tan solo ha preservado si no que está introduciendo flora y fauna a esa zona que es como una concesión que ellos tienen ahí y arrancan con toda la normatividad ambiental en regla”. El área es en pequeña parte zona de montaña y su flora es típica del lugar.
La compañía canadiense Goldgroup Mining Co. pretendió instalar en el municipio de Alto Lucero Veracruz una mina a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre, un proyecto de nombre CABALLO BLANCO. Se trata de un tipo de minería que está siendo cuestionado en muchos países por sus graves e irreversibles efectos en el medio ambiente: sobre-explotación y contaminación de mantos freáticos, deslaves y desertificación de suelos. La minería tóxica a cielo abierto deja a su paso territorios sin vida.
Por absurdo que parezca, la concesión minera incluye en su polígono (Concesión Caballo Blanco IX fracción 3) a la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, lo que es inadmisible desde el punto de vista de seguridad y soberanía nacional. La minera se pretende ubicar a sólo tres kilómetros de dicha central nucleoeléctrica, poniendo en riesgo las disposiciones de seguridad de la misma central que establecen medidas restrictivas para realizar ciertas actividades peligrosas en un radio no menor de 16 kilómetros. Inmediatamente la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La vida) exigió a los gobiernos que no permitiera dicho proyecto y su voz fue haciendo eco en los habitantes del lugar.
“Caballo Blanco, un proyecto que traía una gran inversión, hizo una gran inversión, compró cientos de hectáreas para llevar a cabo el proyecto, la maquinaria llegó y se suscitó un problema con los pobladores y el estado resolvió cancelar ese proyecto, no prosperó y actualmente es un problema que ya pasó y que quedó resuelto el problema del cianuro y demás”.
Otro conflicto socio ambiental nació cuando los pobladores de San Andrés Tuxtla se irritaron al enterarse a finales de mayo del 2014 que la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) anunciaba que extraería cinco millones de toneladas de piedra basáltica en la localidad de BALZAPOTE, ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, con el propósito de continuar con los trabajos de expansión del puerto; Ignacio Fernández Carvajal, director de APIVER, minimizó el “daño ambiental” que se causaría a dicha reserva resaltando que se extraerían 3 de las 60 hectáreas que conforman la biósfera, anuncio que llamó la atención de ambientalistas y defensores de la selva tuxtleña e hiciera que se unieran estos grupos con habitantes para impedir dicha operación.
“Hubo resolutivo a favor, sin embargo la resistencia de los ambientalistas en la zona provocó a que se cancelara el proyecto, se redujo a casi 2 millones de extracción y todavía no empiezan, la mayoría de los ambientalistas viven dentro del área natural protegida que comprenden 155 mil hectáreas y aunque están muy retirados desde Catemaco hacia Balzapote, aun así ellos se manifestaron y se resolvió y es probable que ya no se utilice ese material”. Comenta el Procurador Estatal de Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez.
El conflicto que no termina desde el 2004 es el de los defensores y dependientes económicamente del RÍO BOBOS con las empresas citrícolas, ayuntamientos y hasta contra habitantes de varios municipios.
La contaminación de las aguas del Bobos es la manzana de la discordia e incluso hasta tierras de sembradío que son contaminadas con las aguas del mismo río. Y es que este afluente es un recurso natural que da para comer a miles de pescadores y habitantes de las ciudades por donde pasa.
El 27 de febrero del 2014 en Tlacotalpan, Veracruz, se llevó a cabo el 1er Foro Regional de Manglares organizado por el Gobierno del Estado y la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) así como el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP), ahí, un grupo de pescadores de la región de San Rafael y de Nautla se manifestaron acusando contaminación por parte de una empresa citrícola de nombre CITROFRUT que descargaba sus residuos al río en días de mucha lluvia. Las autoridades estatales y federales tomaron cartas en el asunto y fue la instancia federal la que le pondría una multa a la empresa, que por cierto, no dejaba que los ambientalistas y pescadores estuvieran en las reuniones con las autoridades, levantando suspicacias de corrupción.
El conflicto se “desactivó” unos meses pero para el 2015 otra vez los pescadores nautecos acusaban mortandad de peces por las mismas descargas. En este conflicto la agrupación Pescadores Protectores del Medio Ambiente tuvo trato con la Secretaría Estatal de Medio Ambiente.
“El problema fue en San Rafael, se atendió aquí, se canalizó el problema a los directamente responsables que es CONAGUA y PROFEPA, desconocemos de cuanto fue la sanción que puso PROFEPA a la empresa”.
LOS DEMÁS CONFLICTOS
Otros conflictos que se dieron anteriormente fueron los ambientalistas que pedían protección del sistema arrecifal veracruzano debido a la ampliación del puerto de Veracruz.
Los pescadores de la cabecera municipal de Boca del Río que denunciaron la contaminación de la Plaza Comercial El Dorado, que no cumplía con una planta de tratamientos de agua adhoc a las exigencias del número de locales y que causaba mortandad de peces y amenazaba la desaparición del cangrejo azul.
Actualmente, según palabras de Dalos Ulises, en el puerto de Veracruz también se viven conflictos socio ambientales, sobre todo por la defensa de las lagunas, pues en casi todas las lagunas del puerto hay un interés por parte de la población, un interés por preservarlas llevando incluso a crear comités de vigilancia que la misma procuraduría auspicia.
Apenas ayer, habitantes de cinco sectores poblacionales de Papantla bloqueraron la entrada a la ciudad exigiendo al alcalde Marcos Romero Sánchez a que reubicara el basurero municipal que estaba en San Antonio Ojital, pues causaba contaminación y afectaba la salud de los que viven cerca del lugar. El alcalde cedió a las peticiones y el basurero se reubicó en la comunidad de Gildardo Muñoz.
La tala de árboles maderables en comunidades cercanas al Parque Nacional Pico de Orizaba se ha convertido en el sustento de las familias que viven en la marginación, de acuerdo con información del departamento de Ecología y Medio Ambiente el negocio de la madera se está transformando en una mafia en la zona montañosa.
Es la comunidad de Aserradero la que presenta mayor deforestación en los últimos años, así como Tetelzingo, Cuiyachapa, entre otras ubicadas cerca de las faldas del volcán, aunque no se sabe el número exacto de hectáreas perjudicadas, se conoce que tipo de árboles son los más talados. En un tiempo tanto PROFEPA como grupos ecologistas confrontaron a los taladores y exigieron al gobierno estatal que metiera la mano dura para evitar la tala en esta región pero la falta de presupuesto tanto estatal como federal para las cuestiones ecológicas facilitó la deforestación.
En la congregación de El Castillo, muy cerca de Xalapa, actualmente dueños de pipas llegan por la noche a llenar las pipas para luego vender el servicio en 2500 pesos a comunidades o colonias que las necesiten en tiempos de sequía, incluso suelen ser los ganaderos los que las contratan, esto hace que exista explotación de estas aguas y es por ello que el agente municipal Juan Gabriel Hernández Baizabal ha denunciado dichos actos ilícitos.
El Castillo cuenta con 6 manantiales de agua que suministran agua a varias zonas de Xalapa y una de Emiliano Zapata, hace unos días el alcalde de Xalapa clausuró simbólicamente los manantiales y levantaron un acta administrativa a una pipa, pero parece que la avaricia de los microempresarios obnubila su mirada ecológica y futurista. |
