Muy lejos quedaron los tiempos cuando el Poder Judicial era merecedor de un profundo respeto y se constituía en una especie de ínsula poseedora del mayor prestigio y se le observaba con una aureola de intocabilidad por la calidad personal y profesional de quienes lo integraban. Era un verdadero honor en el más amplio sentido alcanzar el nombramiento de magistrado.
De hace tres o cuatro sexenios hacia nuestros días, el Poder Judicial vino a menos. Su pretendida autonomía le valió un cacahuate a algunos gobernantes que vieron en el Tribunal Superior de Justicia un espacio para saldar deudas políticas y, en contraparte, los señores magistrados tampoco supieron defender la dignidad de la institución.
Durante el primer periodo de Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal Superior de Justicia, afloraron mayores escándalos, relacionados ya con tráfico de influencias y favoritismos de muchos millones de pesos en el programa de obras que impulsó, incluyendo el nuevo edificio que ahora alberga al Poder Judicial en esta capital.
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Recientemente, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros habló durante una entrevista periodística en torno a un manejo discrecional de los recursos presupuestarios, bajo el mandato del mismo Sosa Hernández, quien logró reelegirse y permaneció en el cargo 6 años, lo que le habría dado oportunidad hasta de comprarse un yate, situación que jamás negó ni aclaró.
La semana anterior, se dio el relevo y como nuevo presidente fue elegido Edel Álvarez Peña, quien de inmediato puso el dedo en la llaga al revelar que, además de las deudas que encontró, en una primera evaluación sobre la gestión de Sosa Hernández quedó al descubierto la entrega “al vapor” de nombramientos de jueces, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, actuarios y defensores de oficio, además de que “se lastimaron derechos de los trabajadores”.
Sin duda, todo un rosario de anomalías que implica una profunda corrupción, de la que el Poder Judicial tampoco se salvó en estos últimos años. Ahora la pregunta es si Álvarez Peña procederá contra los responsables. Pareciera que sí, a juzgar por su anuncio de que continuarán las revisiones en los siguientes meses para esclarecer todo y porque:
“Hubo nombramientos de jueces no responsables, creemos que esto se volvió una fiesta de amigos, de compromisos de gente que no tenía la capacidad, de gente que nada tiene que hacer en los juzgados; Veracruz quiere la verdad y se está haciendo una auditoría muy seria, porque no es posible que no se cumplió con el Sistema Penal Acusatorio”. |
