La vocal de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Mariana Dunyaska, dijo que el Congreso Local puso un “ultimátum” al alcalde de Veracruz Ramón Poo Gil, para que el próximo lunes comparezca y explique de una vez por todas las irregularidades que ha solapado a Grupo Más.
La diputada recordó que Poo Gil y el alcalde de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez Pérez fueron citados ante el Congreso Local el pasado lunes, para explicar sobre las irregularidades en que la empresa ha incurrido, sin embargo, el edil porteño notificó de última hora que no acudiría a la cita.
Por lo anterior, la legisladora señaló que el alcalde fue citado nuevamente para el próximo lunes y es la “última oportunidad” que se le dará.
Expuso que posteriormente, se llamará a las autoridades electas de los munícipes de Veracruz y Medellín, quienes tendrán en sus manos la posibilidad de re-municipalizar el servicio de agua en esas demarcaciones.
“No se le dará ni un chance más porque no estamos jugando, es una falta de respeto a este Poder Legislativo, si no viene, realizaremos la reunión y posteriormente, llamaremos a los ediles electos ya que está en sus manos la facultad de pedir la revocación de la concesión” sentenció.
Mariana Dunyaska remarcó que son muchas las irregularidades en las que Grupo Más ha incurrido desde que se le entregó el manejo del agua en la zona conurbada.
Refirió que Grupo MAS como organismo operador de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, debe dar desazolve a la red de drenaje, sin embargo las recientes lluvias que dejaron inundaciones severas, exhibieron que esto no se hace.
Otra de las irregularidades de Grupo MÁS es el despido de más de mil 700 trabajadores del extinto SAS a quienes no liquidaron conforme a la Ley. A esto se suma que la empresa trasnacional prometió invertir 10 mil millones de pesos, de los cuales al menos cuatro serían para mantenimiento de redes y programas de infraestructura. Sin embargo a más de un año esto no ha ocurrido.
Grupo Mas es acusado también de solo dar tratamiento al 59 por ciento del agua residual, y que las plantas de tratamiento tienen funcionalidad sólo del 40 por ciento.
A esto hay que agregar que existen deficiencias en la medición del consumo domiciliario y comercial, que genera falta de concordancia entre lo que se consume y lo que se paga; y pérdidas del 60 por ciento relacionadas con fugas en la red, toma clandestina y agua no contabilizada.
Finalmente, reiteró que los alcaldes de Veracruz y Medellín deben acudir al Congreso a explicar por qué han permitido este tipo de abusos a la población por parte de la empresa. |
