Esta puede ser la punta de la hebra, para encontrarnos con otro posible fraude que está perjudicando de manera directa a muchos trabajadores del sector salud.
Pero para darlos de alta en esa “empresa” definitivamente se requieren los documentos más elementales de cada uno de esos trabajadores como el acta de nacimiento, fotografías, constancias de estudios, credencial de elector y otros que generalmente solicitan en un nuevo empleo.
La pregunta es cómo obtuvieron todos esos documentos de manera organizada y me imagino que hasta alfabética, para darlos de alta de esa forma.
Pues no salimos de una y estamos entrando a otra situación, que sigue exhibiendo a Veracruz con un alto nivel de corrupción.
Pareciera un tema de una película, el robo de identidad; ahora resulta que habría que conocer los cargos que ahí les asignaron, su responsabilidad, su sueldo y hasta las jornadas de trabajo que teóricamente desempeñaron.
O sea, los clonaron, hicieron otro “Francisco Hernández” idéntico, con todos sus documentos en regla y así es como se supone que “funcionó” esa empresa que en realidad no existe.
Si se aplica el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler, como sabe hacerlo, no va a ser difícil llegar a conocer quién o quienes fraguaron ese fraude, desde cuando ha venido funcionando y en cuantas dependencias más sacaron esa información para las empresas fantasmas.
La información acerca de esos malos manejos comenzó a circular este fin de semana y recomendable sería que los afectados además de ir al SAT, debieran interponer su denuncia formal ante las autoridades correspondientes, para ir despejando esa incógnita que desgraciadamente vuelve a colocar a Veracruz en la madeja de la corrupción.
En un plazo perentorio la Fiscalía podría realizar la investigación y ofrecer resultados concretos.
Va de chunga: a lo mejor los trabajadores involucrados podrían reclamar sus emolumentos que en papel les corresponden y que no percibieron. ¿O no?
Curiosamente la actual administración no se había percatado de estos escandalosos descuentos. Pero cabe resaltar que estos pagos sucedieron durante el año en curso, este hecho pudiera representar la comisión de un delito que puede arrojar consecuencias penales para el presente gobierno estatal. | 
