En ese entonces personal de la Procuraduría General de la República (PGR), estuvo tres meses en las instalaciones del ORFIS integrando las carpetas de investigación por este caso.
En ese tenor Portilla Vázquez negó cualquier responsabilidad del ORFIS, ante el incumplimiento de la administración estatal que encabezó Javier Duarte de Ochoa.
Y es que en la minuta de acuerdo que de firmó, se establecía la obligación de remitir a la ASF copia certificada de los documentos que ampararan el depósito de los recursos dentro de los cinco días hábiles, contadas al día siguiente de la fecha señalada en el calendario establecido.
El Auditor del Estado explicó que el Estado de Veracruz, representado por el Secretario de Finanzas, reconoció el adeudo el cual se debía depositar a las cuentas bancarias específicas del ramo 33 y del Seguro Popular de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, así como manifestó su plena conformidad con los alcances por lo que asumió la obligación de efectuar cada uno de los depósitos.
“En dicha minuta se señala que la Contraloría General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, sería la única instancia responsable de analizar las causas que motivaron la falta de aplicación de los recursos, a fin de determinar si existían responsabilidades legales y administrativas de los servidores públicos responsables de su administración”.
Finalmente señaló que de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la ASF el Estado de Veracruz aún tiene pendiente de solventar 76 mil 603 millones 4 MDP, de las cuentas públicas 2012-2016, cantidad que incluye los 4 mil 770 millones 211 mil pesos, pendientes de solventar de las denuncias de hechos vinculados con la simulación de reintegros. |