a) Desvío de recursos públicos.
b) Contribuciones ilegales de particulares.
c) Financiamiento del crimen organizado.
El estudio solo aborda los dos primeros casos. En el primero los servidores públicos apoyan candidatos y garantizan ‘inmunidad’ o para proseguir su carrera política.
En el segundo los contratistas lo hacen para accesar al nuevo gobierno en contratos, permisos o regulación favorable.
El estudio fue presentado esta mañana a los medios de comunicación en la CDMX, vale la pena leerlo. |