En el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 4 de este año, promovido por los partidos PRI y MORENA, se declara la existencia de la vulneración al artículo 134 de la Constitución federal y 79 de la local, por promoción personalizada de un servidor público, así como por violaciones en materia de propaganda electoral.
Los denunciantes manifiestan que el 8 de septiembre de 2017 diversos funcionarios públicos repartieron despensas con logos, colores y tipología utilizada por la familia “YUNES”, bajo la asociación civil “YÚNETE” a personas de los municipios de Jamapa, Cotaxtla, Medellín, Minatitlán y Coatzacoalcos, que a través de dicha asociación se utilizaron recursos públicos, se promocionó el apellido “Yunes” y a los partidos políticos PAN y PRD, con el fin de influir en los procesos electorales federal y local.
Ahora bien, por cuanto hace a los actos anticipados de precampaña o campaña, sobre este tema, si bien en el presente caso se acreditan los elementos personal y temporal, lo cierto también es que no se acredita el elemento subjetivo, toda vez que no se demuestra ni siquiera indiciariamente, que en la fecha en la que ocurrieron los hechos, Miguel Ángel Yunes Márquez, se haya manifestado formal y públicamente como precandidato o candidato del PAN.
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De las pruebas que obran en el expediente no existe un llamamiento expreso al voto a favor o en contra de alguno de los servidores públicos denunciados o la difusión de una plataforma político electoral, indispensable para actualizar los actos anticipados de precampaña o campaña.
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó que los ex funcionarios Rafael Jesús Abreu Ponce y Ricardo de Jesús Cabrera Férez, deberán ser investigados por la Contraloría General del Estado, por su participación en la distribución de despensas en Coatzacoalcos con el slogan “Yúnete”, quienes sin anuencia gubernamental repartieron apoyos a damnificados por el sismo en Coatzacoalcos, utilizando colores y tipografías similares a partidos políticos el pasado 11 de septiembre del 2017.
En ese sentido, se expresa que, tanto Rafael Jesús Abreu Ponce y Ricardo de Jesús Cabrera Férez, aceptaron los hechos e incluso el primero de los nombrados establece ser el representante de la asociación, de ahí que se dé vista a la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de responsabilidades de los servidores públicos, proceda con forme a derecho, esto ante la eventualidad de que los mencionados ya no laboran en donde se desempeñaban al momento de los hechos. |
