Seguramente el gobernador Miguel Ángel Yunes conoce el caso de Florence Cassez, una ciudadana francesa vinculada a la banda de Los Zodiaco que en 2007 fue condenada a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cargos mucho más graves por los que Yunes Linares, a través de la Fiscalía General del Estado, está persiguiendo actualmente a Karime Macías, esposa de su antecesor Javier Duarte, al imputarle hasta ahora un presunto desvío de más de cien millones de pesos del DIF estatal mediante seis empresas fantasmas.
Como Yunes y todo mundo sabe, Cassez terminó siendo liberada en enero de 2013 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que se violaron los derechos humanos al momento de su arresto y en su proceso judicial. Nunca fallaron respecto a su inocencia o culpabilidad. Uno de los elementos que incidieron en este polémico caso fue el show mediático que montó la Agencia Federal de Investigación, cuyo director Genaro García Luna simuló el arresto en vivo para reporteros de TV Azteca y Televisa, manipulando los hechos que habían ocurrido un día antes y en otro lugar.
Por cierto, la ahora ministro en retiro Olga Sánchez Cordero, quien podría encabezar la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador si el candidato de MORENA gana la elección presidencial, fue una de los tres jueces adscritos a la primera sala de la SCJN –integrada en total por cinco– que fallaron a favor de la liberación de Cassez.
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Sánchez Cordero se pronunció entonces por concederle un amparo liso y llano, “y ordenar de inmediato su libertad”, basándose en las consideraciones del ministro Arturo Zaldívar, quien había señalado que las “vulneraciones” a los derechos humanos de Cassez “son de tal manera graves que crearon un efecto corruptor en todo el proceso”. El tercer ministro que votó a favor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, coincidió en que “se afectó el debido proceso legal y la obtención de la prueba ilícita (…) se vulneraron los derechos elementales de carácter sustantivo, presunción de inocencia y libertad”.
Hace un par de días, Lourdes Mendoza, autora de la columna Sobremesa, del diario El Financiero, abordó “el show mediático de la impresentable de Karime Macías, orquestado por Miguel Ángel Yunes”, y preguntaba si “el espionaje lo realizaron en cooperación con los servicios de inteligencia británicos, léase el M15, M16 o Scotland Yard”, pues aducía que “si los investigadores del gobierno veracruzano lo hicieron cuál Maxwell Smart, violaron la ley de dicho país.”
“Ojo, no fue un turista quien la encontró sino fue una persona mandada por el gobernador (…) expresamente para hacer la chamba. Ah, y no crean que estoy defendiendo a Karime (…), sólo que ya hemos visto qué pasa cuando no se respeta el debido proceso, ¿me estás oyendo Florence Cassez?”, refería la columnista, quien sugería que “todo el show fue simplemente una estrategia electoral para lograr el fiel de la balanza, para que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez logre ganar la gubernatura, pues las encuestas dicen que Morena y el Frente están empatados.”
Y concluía, “sólo por no dejar”, que habría que imaginarse “la cara que pondría nuestro canciller, Luis Videgaray, cuando le hablen del gobierno británico para quejarse.”
En breve, por cierto, Yunes Linares y su Fiscalía estarían por generar un conflicto diplomático con el gobierno de la República de Guatemala, pues, según trascendió, pretenderían detonar otro escándalo mediático con el obvio propósito de levantar las preferencias electorales a favor de su hijo, usando, ooootra vez, al satanizado ex gobernador Javier Duarte, extraditado hace más de un año del país vecino y actualmente encarcelado en la Ciudad de México. |
