Las autoridades ignoraron a los vecinos que denunciaron inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos. Se utilizan documentos falsos, con información que no corresponde a lo que se construye. Las autoridades firman y otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.
Los planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelo, manifestaciones de construcción no se encuentra en los archivos delegacionales o están incompletos.
A doce meses del sismo, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina. Los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo. Las autoridades han fallado. En el siguiente terremoto, estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad.
Darío Ramírez, Director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción destacó: “Es urgente que las autoridades y constructoras tomen este asunto con la seriedad que amerita, comiencen a cumplir con la norma y a realizar su función, de lo contrario seguiremos teniendo muchas muertes qué lamentar”
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