Aunque en el más reciente diagnóstico de la CNDH, Veracruz obtiene una calificación de 5.94 y esta aún no alcanza calificaciones aprobatorias, sí refleja una tendencia clara a la alza para mejorar, tomando en cuenta que el gobierno anterior de Miguel Ángel Yunes Linares mantuvo una tendencia a la baja y terminó en 5.87 y con serios conflictos en la mayoría de las prisiones.
Es decir, el actual gobierno no solo ha sido capaz de detener el problema sino de revertir, aunque sea marginal, la tendencia a la baja que hubo hasta el gobierno de Yunes, y aunque a la fecha no se pueda hablar de que haya logrado revertir el problema, cabe pensar que de mantenerse la línea de programas y esfuerzos de las actuales autoridades la situación pudiera llegar incluso a la media de este tipo de evaluaciones nacionales.
El gobierno Morenista encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, y una estructura operativa formada por el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado con Sarahí Peña Galaviz como Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, así como el Vicealmirante Laureano Suárez Allen en Dirección General de Prevención y Reinserción Social, siguen con atingencia una estrategia que de seguirse aplicando podría mejorar los resultados hasta ahora obtenidos.
Entre los avances que se pueden mencionar de la actual administración está el que no se ha dado a la fecha un solo motín en las prisiones de Veracruz, y que han disminuido notablemente los casos de homicidio doloso, culposo, suicidio, riñas, desórdenes y abusos de autoridad, lo que en anteriores gobierno eran el pan de cada día.
La actual administración ha venido tomando medidas que pudieran explicar la ligera mejoría estadística en los reclusorios de Pacho Viejo, Papantla y Amatlán, que tienen números positivos del 6.09, 6.23 y 6.42 respectivamente.
Las acciones preventivas en las prisiones de Veracruz se han aplicado con prioridad a las acciones correctivas y en muchos de los casos ha habido resultados positivos en cuanto a la disminución de acciones de conflicto. Entre estas acciones, los operativos por sorpresa han contribuido en gran medida a la estabilidad en las prisiones. Se ha puesto especial atención a los servicios de alimentación y el menú nutricional de los internos abatiendo los negocios turbios que existían y que menguaban la calidad de estos.
La depuración de los mandos ha sido otro factor que paulatinamente se han ido aplicando para abatir los controles dañinos en los centros. Se ha depurado el personal directivo y jefes de seguridad, así como enlaces administrativos al interior de los penales de la entidad, con el propósito de que quienes estén al frente estén debidamente aprobados en exámenes de control y confianza en cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo objetivo es coadyuvar en la depuración y fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.
También, se ha llevado a cabo la rotación de custodios y custodias, que eviten los excesos de confianza o compromisos con la población interna o familiares de estos, siendo ésta una sana medida que ha permitido coadyuvar en los objetivos de reinserción en cada centro penitenciario.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, aún existen conflictos en prisiones con ancestrales antecedentes como los de Poza Rica, Coatzacoalcos, Tuxpan y Acayucan que aún requieren de mayor seguimiento y atención de parte de la Secretaría de Seguridad Pública para corregir las condiciones de autogobierno, extorsiones y sobrepoblación que aún persisten.
Por lo anterior, en este rubro el gobierno de Cuitláhuac debiera contar con un voto de confianza en el quehacer público de las autoridades penitenciarias y alentarles para que no aflojen en sus esfuerzos.
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