En el encuentro organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el comisionado informó que, ante las premisas de diversos riesgos por la falta de normatividad, en junio de 2019 el Sistema Nacional de Transparencia aprobó las “Políticas generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales”, lo que se convirtió en el primer antecedente formal en México –materialmente legislativo–.
“De alguna forma se creyó que estas políticas eran para restringir los derechos de los servidores públicos, que ya no iban a poder bloquear a nadie, la realidad es que no era ese el objetivo; el objetivo era tratar de fijar ciertas directrices de cómo usar las cuentas de redes sociales para difundir información pública y dar algunos conceptos”, destacó.
Romero Espinosa explicó que de no poner atención a este tema es más fácil que haya cuentas ficticias de servidores públicos; que, si bien existen las opciones para verificación, no se puede dejar a las plataformas la responsabilidad de elegir cuál es la correcta, pues con engaños se podría verificar la de alguien que no es la oficial. Por lo que deben ser los sujetos obligados quienes asuman el deber de dar a conocer las fuentes que van a dar certeza de la información que se consulta.
Por otro lado, advirtió de los casos en los que –tras los cambios de administración– se llevan las claves de las redes sociales, lo que genera años perdidos de trabajo y hasta de recursos públicos invertidos cuando se paga para aumentar seguidores; los nuevos responsables deben abrir cuentas diferentes, los seguidores muchas veces no se enteran y continúan siguiendo las anteriores, mismas que –incluso– llegan a usarse para ‘golpear’ a la actual integración. Todo esto, consecuencia de que no haya nada que obligue a dejar las contraseñas, enfatizó.
Abundando sobre estas implicaciones, el experto delató: “si tú borras una publicación que no está respaldada en tus archivos, estás borrando información pública” y, además, enfatizó que el día que desaparezcan esas redes sociales todo lo que se subió se perderá. Asimismo, mostró como preocupante que se difunda información indebida a través de redes sociales oficiales y no haya responsabilidad porque no se tiene definido quiénes las administran.
Finalmente, acusó que la laguna legal permite que las cuentas de redes sociales se puedan llegar a utilizar como forma de financiamiento ilícito, se publiciten con dinero privado o de procedencia desconocida y no se rindan cuentas, o lleven a una violación del artículo 134 de la Constitución al utilizarse dinero público para promocionar la imagen de servidores públicos.
El cónclave buscó que los ciudadanos tengan mayor certeza de sus derechos, por ejemplo, si alguien no puede leer lo que opina una persona en calidad de autoridad porque lo bloquea, esto se considera por extensión una violación a la libertad de expresión. Por lo que se planteó que esta práctica debe evitarse a menos que haya una justificación como comportamientos abusivos por parte del seguidor.
En cuanto a los servidores públicos, el objetivo fue que estén conscientes de sus obligaciones; de lo indispensable de contar con directorios oficiales y padrones estatales; de la diferencia entre cuentas oficiales y las “personales públicas”, que son aquellas donde existe consentimiento del servidor público de ser integrado al directorio de cuentas de redes sociales de la autoridad, difunde información pública derivada de su cargo y es titular o cuatro niveles jerárquicos por debajo.
Para más información, las políticas generales señaladas se pueden conocer en: http://bit.ly/3bn9M99.
El libro presentado este día puede descargarse en: http://bit.ly/3blFovV.
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