El propio gobernador, Cuitláhuac García, anticipó que, en caso de llegar al “escenario tres” en la propagación del coronavirus, se recurrirá al aislamiento de todos los ciudadanos.
“Hablemos de un escenario tres, donde la recomendación va a ser aislamiento de todos los ciudadanos, incluyendo algunas actividades, tenemos que irnos preparando. Hay una estrategia a nivel federal (…) No hagamos medidas que no tienen efecto inmediato, por eso están los especialistas recomendando qué hacer”, advirtió el mandatario estatal.
Pero mientras eso sucede, en áreas neurálgicas para la operación del estado, como el la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción o el Órgano de Fiscalización Superior, se trabaja sin descanso para cerrar las carpetas de investigación y estar en condiciones de actuar penalmente contra exservidores públicos de la administración estatal, lo mismo que contra autoridades municipales y titulares de otros entes fiscalizables, estos últimos a los que les detectaron inconsistencias en la Cuenta Pública 2018.
En el seguimiento a los casos de presunto daño patrimonial, el Orfis inició ya 181 expedientes de investigación y ya se están emitiendo los Acuerdos de Radicación.
Contra entes del Poder Ejecutivo se abrieron 47 procedimientos de investigación, mientras que en Ayuntamientos se iniciaron 132 y en entes paramunicipales otros dos.
De manera que si los entes señalados pensaban que por la emergencia sanitaria se prolongarían los procedimientos en su contra, están equivocados. Las resoluciones ya se están emitiendo y una vez que se turnen a la Fiscalía, no habrá acuerdo que valga.
Respecto a los exfuncionarios de la administración de Javier Duarte (tanto los que obtuvieron el derecho de llevar sus procesos en libertad, como aquellos que creen que “ya se olvidaron de ellos”) resulta que muchos de sus expedientes serán reabiertos.
Basta leer con atención el acuerdo emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México, que confirmó que el extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, está obligado a declarar en los procesos que se siguen en contra de ex funcionarios de la entidad.
El tribunal federal negó el amparo que solicitaba Antonio Tarek Abdalá, quien argumentaba que por estar adherido a un criterio de oportunidad no podía presentarse a declarar contra los ex funcionarios, debido a que podría autoincriminarse.
Esta decisión tendrá consecuencias en Veracruz. Pronto lo veremos.
filivargas@gmail.com | 
