Y es que López Obrador ha decidido que, desde el 1 de diciembre de 2018, la corrupción desaparezca como delito entre sus colaboradores. Y vea usted por qué:
La antaño activa Auditoria Superior de la Federación (ASF), que puso en el ojo del huracán a los exgobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, y que inició las investigaciones sobre la corrupción de la Sedesol y la Sedatu –que tienen en la cárcel a la villana favorita del Presidente–, hoy, bajo el mando de David Colmenares Páramo prácticamente ha desaparecido; de hecho, en el presente año, no ha enviado a la Fiscalía General de la República ningún expediente de corrupción en que hayan intervenido miembros de la denominada Cuarta Transformación.
El periodista Arturo Ángel, del portal Animal Político, puso la semana pasada el dedo sobre la llaga: “La presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de servidores públicos por el posible desvío o mal manejo de recursos del erario se ha desplomado a su nivel más bajo en los últimos 14 años, pese que el destino de miles de millones de pesos sigue sin esclarecerse”.
Invoca un informe de la propia ASF en que se revela que, del 1 de enero al 10 de julio de 2020, solo se formuló una denuncia ante el Ministerio Público Federal por el posible desvío de 500 millones de pesos, en 2016, contra la extinta Sagarpa.
“En contraste, por ejemplo, en el mismo periodo de 2013 ya eran 123 las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público, mientras que en 2017 la cifra fue de 65 denuncias formuladas en ese mismo lapso de enero a julio”.
¿Cómo la ve? ¿Será verdad que estamos gobernados por una casta de funcionarios inmaculados, tanto en el gobierno federal como en los locales? Porque el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene la obligación de dar seguimiento a los recursos federales ejercidos por en los tres niveles de gobierno.
Arturo Ángel muestra el terrible precedente que sentará el actual gobierno federal en la detección de posibles quebrantos a la hacienda pública, ante la ausencia de denuncias contra posibles actos de corrupción:
“El hecho cobra relevancia porque el desfalco de recursos públicos federales producto de los malos manejos en el país es mayúsculo y persiste. Tan solo en lo que corresponde a la cuenta pública 2018, la última auditada en su totalidad, se identificaron más de 171 mil millones de pesos que no aparecen, pero hasta ahora solo hay una denuncia presentada por ese ejercicio”.
Y añade:
“A ello falta sumar las irregularidades que se han detectado en las auditorías practicadas en 2019, primer año del actual sexenio, cuyos resultados preliminares fueron pospuestos por la ASF debido a retrasos en la elaboración de los informes a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19”.
¿La orden del presidente López Obrador a David Colmenares habrá sido que no integrara una sola carpeta de investigación por posibles actos de corrupción de integrantes de su gobierno para corroborar su dicho de que la corrupción ha terminado a partir de su unción como poder supremo de la nación?
Por Irma Eréndira Sandoval no necesita instrucciones, sabe muy bien su labor de tapadera, y para ello ha comenzado por su propia familia.
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