Este martes, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este caso, pues dijo que se trata de otro fraude en el que hubo mordidas y moches. Es un asunto de “tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa… Se pasaron. Había una especie de enajenación, se veía normal” ese tipo de actos, afirmó, afirmando que se sancionará a WAC México.
Pero el caso de la filial mexicana de esta compañía de préstamos de Carolina del Sur no es único. Por ejemplo, en Veracruz, durante los últimos gobiernos del PRI y el más reciente del PAN, proliferaron varias financieras locales cuyos dueños engrosaron sus fortunas con los préstamos que daban al magisterio y a burócratas, una vasta clientela cautiva, ya que desde las instancias gubernamentales se les descontaban automáticamente cada quincena los pagos vía nómina estatal o federal. Era un negociazo cuyas ganancias compartían obviamente con funcionarios y líderes sindicales.
Sobre WAC México, el presidente López Obrador enfatizó que ayuda mucho que se ventilen casos como el de esta compañía de préstamos, porque reiteró que en nuestro país ya no hay impunidad. “No sé en qué pensaban, que era normal o que no iban a ser juzgados nunca”, recriminó.
Pero el mandatario parece ignorar que en la Fiscalía General de la República está radicada desde hace cuatro años la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016, iniciada por la denuncia que presentó el 8 de agosto de 2016 la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, al cual acusó de haber constituido en la Ciudad de México tres sociedades mercantiles –cuyos accionistas son sus hijos y esposa– para “transferir” de forma ilegal “retenciones”, “comisiones” y “recursos” de trabajadores de ese sindicato cuando el ex gobernador panista era titular del ISSSTE.
Yunes Linares fue demandado por apropiarse presuntamente de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas de miles de afiliados al ISSSTE y maestros del SNTE.
La averiguación previa no sólo menciona al ex funcionario calderonista, sino también a su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y a sus hijos Miguel Ángel Yunes Márquez, ex candidato de la alianza PAN-PRD-MC a gobernador; Fernando Yunes Márquez, actual alcalde del puerto de Veracruz, y a Omar Yunes Márquez, quien es el único del clan familiar que se ha dedicado profesionalmente a los negocios.
Todos fueron señalados como accionistas o integrantes de los consejos de administración de las financieras Cobranza y Recuperación, S. A. de C. V.; Corporate Linkage, S. A. de C. V., e Intermediación Corporativa, S. A. de C. V., a través de las cuales recibían “transferencias ilícitas” de la empresa Consupago, S. A. de C. V., representada por Sergio Chedraui Eguía, con la que el ISSSTE –durante la administración de Yunes Linares– firmó varios convenios de colaboración.
Chedraui Eguía murió el 3 de junio de 2012 a causa de un infarto mientras corría una maratón en Chapultepec.
La denuncia de hechos –que quedó asignada a la fiscal Jésica Salgado Ruiz– señala que de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, Yunes Linares, como titular del ISSSTE, autorizó “préstamos en efectivo”, “financiamientos” y todo tipo de créditos con descuentos vía quincenal a trabajadores, cuyas retenciones iniciales recaían en Consupago, pero que ésta transfería después, a “título de comisión”, a las empresas donde los accionistas eran integrantes de la familia Yunes Márquez.
“Se aprovechó de su puesto como director general del ISSSTE, acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores, para posteriormente, de manera ilícita, recibirlos a través de empresas propias y familiares como supuestas comisiones”, se detalla en la hoja 5 de la denuncia de hechos.
El entonces secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 32 del SNTE, Javier Martínez del Ángel, precisó en agosto de 2016 que la querella penal interpuesta no tenía “sesgos políticos”, sino que sólo pretendía exigir castigo por los delitos en el ejercicio “abusivo” de funciones y operaciones con “recursos de procedencia ilícita”.
El departamento jurídico del SNTE recurrió a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda para verificar el “avance” de las diligencias contra la familia Yunes Márquez.
En el legajo que aportó el área jurídica del SNTE a su denuncia de hechos se expusieron las constancias de folio 332818 y 330841 del Registro Público de la Propiedad y Comercio y de la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio, del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde en 2005 y 2006 se constituyeron las sociedades anónimas de modalidad de capital variable Intermediación Corporativa y Corporate Linkage, en las cuales, con capitales iniciales de 50 mil pesos, aparecían como apoderados y accionistas Miguel Ángel Yunes Márquez (entonces diputado local) y Omar Yunes Márquez, con acciones suscritas representativas de 70% y 30%.
En los folios de inscripción de la asamblea general extraordinaria figuraban también como accionistas e integrantes del Consejo de Administración Leticia Isabel Márquez Mora y Miguel Ángel Yunes Linares, en acta rubricada por Silvia Vidals Negrete, por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno del Distrito Federal.
En el polémico convenio de colaboración que celebraron el ISSSTE y Consupago no se especificaba la transferencia de “retenciones” y “comisiones” a las empresas cuyos accionistas son los hijos de Yunes Linares, pese a que dicho convenio se le hicieron varias adendas modificatorias.
El semanario Proceso, como se recordará, publicó copia del contrato firmado el 15 de mayo de 2008, el cual fue rubricado por el proveedor Sergio Chedraui Eguía y Jesús Villalobos López, subdirector general de Finanzas del ISSSTE y a quien Yunes Linares dejó al frente del instituto –con el aval del ex presidente Calderón– cuando en marzo de 2010 fue postulado por el PAN a la gubernatura de Veracruz.
A finales del sexenio calderonista, por cierto, Villalobos fue señalado como autor de un daño patrimonial al ISSSTE por 300 millones de pesos, pues erogó discrecionalmente esa cantidad a la empresa Ingeniería Costos y Servicios, S. A. de C. V., por trabajos que no se realizaron. La investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE quedó radicada en el expediente PAR-729/2012. | 
