De acuerdo con la Ley Federal en la materia, basta que el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, el tercio de cualquiera de las cámaras del Congreso o el propio Presidente de la República, soliciten la realización de la consulta entre el 1 y el 15 de septiembre.
Esta solicitud, deberá pasar por el tamiz de la SCJN, que es la que validaría la constitucionalidad o no del tema.
La jugada es muy típica del López-obradorismo, una campanada para su base militante y para otros que, sin serlo, simpatizan con este deseo de “justicia popular”.
Sin embargo, en los hechos, no es tan sencillo. En el caso de una “petición ciudadana”, estamos hablando de aproximadamente 1,600,000 ciudadanos que, debidamente identificados, tendrían que solicitar este juicio. Sin duda, es posible utilizar la estructura de los “siervos de la nación” para recabar estas firmas con todos los yerros que ello podría implicar y que pueden empañar este esfuerzo, lo que hace esa vía casi imposible.
En el caso de las Cámaras, es más sencillo al contar con la mayoría en ambas. Por lo que este es el segundo mecanismo que propone López Obrador, aunque no gusta tanto porque no genera el mismo ruido mediático que si se instalan módulos para recabar firmas ciudadanos.
El escollo más importante a salvar es la opinión de la Corte. ¿Esta sujeta a consultas la aplicación de la Ley? ¿Una “consulta popular” está por encima de los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia o a los términos de prescripción de delitos del Código Penal Federal?
No obstante, la procedencia del juicio o no, es irrelevante. Lo importante, es distraer la atención, lo importante es movilizar a las bases y exhibir como “conservadores” y cómplices a quienes se pronuncien en contra de esta simulación. Lo importante, en suma, es meter al Presidente a la contienda del 2021, porque lo verdaderamente importante, por encima del manejo de la pandemia, de la crisis económica y demás problemas de este país, es ganar la elección de 2021 y asegurar el control de la Cámara de Diputados… aunque eso implique arrastrar a la SCJN en la estrategia política.
“Al diablo con las instituciones”, Andrés Manuel López Obrador. 6 de septiembre de 2006.
Lo anterior es una perla de Rogelio Barrios, colaborador especial de Política al Día para temas nacionales. | 
