El fuero presidencial, recordémoslo, es una herencia jurídica e histórica de la inmunidad de los monarcas absolutos, intocables, incuestionables, infalibles, semi dioses.
Es verdad que con más o menos matices prácticamente todas las democracias modernas del mundo conservan algún grado de inmunidad para sus jefes de estado.
Pero mal de muchos no es consuelo para nadie. En España, en ocasión de los escándalos de su rey emérito, no son pocas las voces que cuestionan el fuero de los altos oficiales, sea rey, presidente o ministro.
En Israel, por ejemplo, la fórmula es interesante. Los parlamentarios deben votar cada vez, ante un caso específico, si deciden conceder inmunidad a su primer ministro. Es una especie de desafuero pero al revés. Es decir, el primer ministro carece de inmunidad a menos que, ante un caso específico, el parlamento se la conceda.
Y en México, como todo lo que tenía que ver con la presidencia imperial, se había caído en excesos brutales. Los intentos de juzgar al expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal, por ejemplo, se frustraron precisamente porque se argumentó su inmunidad como Jefe de Estado cuando ocurrió la masacre.
El criterio contó con un descarado apoyo del entonces presidente en funciones, Felipe Calderón, que se encontraba en el último trecho de su sexenio y percibió de manera muy clara que si rasuraban la barba de Zedillo tendría que poner la suya a remojar en cuestión de unos meses. Por eso defendió a Zedillo: para cuidarse él.
Así las cosas, la Cámara de Diputados ya dio el primer paso para acabar con el fuero al aprobar la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos por los que se puede juzgar a un presidente en funciones.
Pronto esa reforma estará en manos del Senado y, si lo aprueba, será turnada a las Legislaturas de los Estados. Será un honor que Veracruz sea uno de los primeros estados en aprobarla y que así contribuyamos a cumplir esta promesa de la Cuarta Transformación.
*Diputado local. Presidente de la Mesa Directiva. | 
