Mientras tanto, desde un lugar no tan cómodo, Rogelio Franco enviaba un mensaje a los veracruzanos:
“Me dejarán en prisión por el delito de ultrajes a la autoridad que no cometi. Se trata de una persecución política ordenada por Cuitlahuac Garcìa, a quien no le importó violar un amparo ni le importará violentar la Constitución y los Derechos Humanos. Lo hago responsable de mi seguridad en la prision, tuve a mi cargo tareas de seguridad y Cuitláhuac sabe que corro un alto riesgo. Acudiré a los jueces federales para obtener mi libertad, y entonces regresaré a la lucha hasta derrotar a los que hoy llevan a Veracruz al precipicio, por ineptos y corruptos. No soy un delincuente, soy un líder social que está pagando las consecuencias de ser opositor y hablar con la verdad”.
Por su parte, desde la seguridad que le brinda el Palacio de Gobierno, Cuitláhuac García jura que el tema “no es político” y se aventó una de sus “perlas” de carácter jurídico (lo que demuestra que, como abogado, es un excelente ingeniero): “la procuración de justicia no puede observar tiempos electorales, tiene que actuar conforme a derecho”.
Lo que no explicó el gobernador (en realidad lo debió hacer la actual titular de la Fiscalía) fue por qué razón esperaron más de dos años para ejecutar una orden de aprehensión, de manera que “por mera coincidencia” se empalmara con el proceso electoral.
Y en ese mismo recinto el gobernador le cedió la palabra a su secretario de Gobierno, Éric Cisneros, para que convocara a un “acuerdo por la democracia”, que simula esos gags, muy comunes en la vieja comedia, en los que un sujeto golpea a la víctima al tiempo que exige a gritos que no la lastimen.
Los representantes de la alianza opositora no tardaron en responder al gobierno de Cuitláhuac García
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, exhortó al responsable de la política interna en Veracruz a “no reescribir los derechos fundamentales de los veracruzanos como un acto de buena voluntad; lo citado en el documento, son obligaciones ya conferidas en la legislación veracruzana y de nuestro país”.
Y le recordó al gobernador que, pese a no corresponder a su responsabilidad, en los partidos de la alianza “Veracruz Va” se habrá de vigilar el perfil de los candidatos:
“Hoy cumplido un tercio de su administración, renuncia a combatir a los grupos fuera de la ley, trasladando esa responsabilidad a los partidos, siendo que -en palabras del líder nacional de Morena, de apenas hoy por la mañana- los partidos políticos no son entes investigadores, pero, podemos asegurarle, que éticamente, de encontrar mediante investigación ministerial, o declaración pública sustentada en actos judiciales, sí declinaríamos a postular a un violador como candidato de nuestros partidos, sin escudarnos en que una encuesta por razones meramente electorales, lo declara ampliamente favorecido”.
Rogelio Franco es, hoy por hoy, un preso político, como otros lo fueron en la mini-gestión en la que él fue secretario de Gobierno.
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